Si uno tiene la posibilidad de acceder al documento judicial del acogimiento a la colaboración eficaz de la empresa brasileña Obrainsa, se va a quedar pasmado con las revelaciones. En ellas se confirman las denuncias periodísticas de corrupción que se dieron con los últimos presidentes y hasta en los Gobiernos regionales, donde la empresa obtuvo la buena pro para ejecutar proyectos de inversión en infraestructura, pero que se los ganó a cambio de jugosas coimas que pagaba a presidentes y gobernadores.
El escándalo Lava Jato no va a terminar; se ha tenido un revés por las decisiones que últimamente han tomado los tribunales brasileños con los involucrados y las empresas que sirvieron de fachada para ese gran escándalo de corrupción que llegó hasta nuestro país. Así que hoy quieren voltear la torta en el Brasil con un evidente interés del Gobierno de Lula —a pesar de que se escude en los abusos que cometió el juez Sergio Moro, que evidentemente politizó una investigación judicial de un megaescándalo de corrupción—, pero esto no va a ser óbice para que se continúe investigando y procesando a todas las autoridades corruptas del Perú involucradas.
Los “abogansters” (porque hay varios abogados directamente involucrados en este escándalo de corrupción) de todos estos corruptos han construido una narrativa para desacreditar las investigaciones por el caso Lava Jato, con el único objetivo de desbaratar las pruebas que vienen del Brasil. Han utilizado justamente las últimas resoluciones que se han dado y que se han tumbado varios procesos judiciales que en su momento llevaron al propio Lula a la cárcel; decisiones judiciales cuestionadas que se dan en esta coyuntura.
No obstante, así quieran hacer leguleyadas, la realidad es que hay mucha información que viene del Brasil que ya ha sido corroborada por los jueces y, entonces, están validadas como pruebas que incriminan a expresidentes y hasta gobernadores regionales involucrados en este megaescándalo de corrupción.
Desde Ollanta y Vizcarra hasta el gobernador Oscorima, estas autoridades han sido delatadas con lujo de detalles y pruebas que las incriminan el pago de coimas y un ruleteo de direccionamiento de obras para favorecer a Obrainsa. Se les viene la noche a estos conspicuos representantes de la corrupción rampante que vive el país, así lo nieguen. Nadie está loco para autoincriminarse, aceptar haber incurrido en un delito y después delatar a sus cómplices si es que realmente no estuviera involucrado en la corrupción.
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