Nuevos y viejos mitos antimineros

Días atrás un puñado de congresistas alineados a la izquierda llegó hasta Valle de Tambo para exigir que se liquide de una vez el proyecto Tía María, cuyo valor supera los US$1,400 millones. En la reunión, los congresistas desarrollaron diversos argumentos en contra de la minería moderna, algunos antiguos y otros nuevos, que en conjunto representan la narrativa en contra de la minería nacional.

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Dentro de estos viejos y nuevos relatos antimineros, estos congresistas decían que “si el pueblo no quiere minería, el pueblo manda”. Semejante razonamiento obedece al viejo mito oscurantista de que solo la izquierda se puede representar en el pueblo. En otras palabras: el pueblo es la izquierda. Aquí no vale mayor consideración (técnica o de ingeniería) solo el pueblo, por más que este sea “un pueblo minoritario” o en el abstracto funcionamiento del lenguaje (Laclau)

Asimismo, estos congresistas aseguraron que la consulta previa es un papel solo de trámite, a pesar de que este instrumento está enmarcado dentro de las convenciones internacionales (OIT 169) y no es un “papel de trámite” sino el reconocimiento del Estado a los denominados “pueblos originarios”. La consulta previa constituye hoy un instrumento singular en la normativa en general y sobre todo minera. Ahora bien, ¿quiénes son más “originarios”? ¿Los descendientes de los antiguos Caral o los de los incas?

Otro dato, estos congresistas aducen que la consulta previa no tiene un “carácter vinculante”, pero eso no es cierto. La consulta previa en el Perú es vinculante porque es una norma de obligatorio cumplimiento allí donde el proyecto se desarrolla, sea este minero o no. Lo que olvidan estos congresistas es que es en Bolivia, el país de los pueblos y naciones originarias, donde la consulta previa no es vinculante como lo señala su propia Constitución. El otro mito oscurantista es el de la bendita “licencia social”, término acuñado por políticos, autoridades y hasta técnicos. A pesar de que el sintagma “licencia social” no existe en la normativa nacional minera, el término aduce a que debe existir un “permiso del pueblo o de la sociedad” para desarrollar un proyecto sea minero o no. Nuevamente la confusión.

Vale decir que un proyecto minero o no, se basa en una decisión técnica o de ingeniería; en último ratio un proyecto es inviable desde el análisis de costos/ beneficios y en otras variables. La variable social siempre influye. En el caso de Tía María, por ejemplo, el proyecto cumple todos los estándares sociales y ambientales; sin embargo, la “variable social” influye (impulsada por las narrativas de las corrientes minoritarias y antimineras locales) ¿Pero acaso el proyecto —si se deja de lado los mitos oscurantistas— no es viable tanto ambiental como socialmente? Claro que es viable. En este caso la “licencia social” está atada a mitos que oscurecen el debate.

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