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El nuevo rostro de la ley

“Hoy la ciudadanía ya percibe a estos magistrados como ejemplos de una probidad y coraje que hasta hace poco era imposible de identificar con nuestro PJ”.

José Domingo Pérez

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez buscarán llegar a un acuerdo de colaboración con el banco de Andorra. (Foto: GEC)

Editorial Perú21
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Indicador inequívoco de la salud de las democracias es, qué duda cabe, la credibilidad de su sistema de justicia. En el Perú, al que algún historiador avezado podría describir –más allá de hipos militaristas– como una república sempiternamente enferma, la figura del juez se ha asociado siempre al mandato de aquel “poderoso caballero” del refrán.

Sin necesidad de remontarse tanto en el pasado, durante el último cambio de siglo la herencia de un Poder Judicial sumiso a la dictadura fujimorista, cortesía de Vladimiro Montesinos, pesó como un baldón difícil de superar, peor aún si el retorno a la democracia sirvió para que el aprismo ganara posiciones en el sector, con la anuencia de personajes que se salvaron de la extirpación del montesinismo. Alianza que, tras las elecciones de 2016, se redituaría en el Congreso para defender intereses comunes.

Como para darle la contra a tal imagen, abierta o solapada, de venalidad, el país puede congratularse, no obstante, por el surgimiento de una nueva generación de magistrados en el Ministerio Público y el Poder Judicial que ha cambiado radicalmente la imagen de la administración de justicia en el Perú. Fiscales y jueces relativamente jóvenes que no han dudado en investigar o mandar detener a connotados políticos de todos los colores e ideologías, expresidentes, prósperos exfuncionarios y otrora intocables empresarios.

Los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela son de hecho la punta de lanza de esta nueva generación, pero no son los únicos, ya que los sostiene no solo su evidente profesionalismo, sino también un esforzado equipo de abogados que los apoya, sobre todo, en la elaboración de casos sólidos para que los poderosos malhechores a los que acusan no terminen eludiendo la ley gracias a su capacidad económica, no necesariamente para corromper, sino porque además pueden contratar, para su defensa, a estudios de abogados de primera línea.

A ellos se les pueden sumar ahora los nombres de los fiscales Carlos Puma Quispe, Ángela Zuloaga, Germán Juárez Atoche, Rocío Sánchez, sin olvidar a jueces como Concepción Carhuancho o Jorge Chávez Tamariz, criticados por su severidad, pero que hoy la ciudadanía ya percibe como ejemplos de una probidad y coraje que hasta hace poco era imposible de identificar con nuestro Poder Judicial.

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