Los servicios ferroviarios a la ciudadela de Machu Picchu fueron cerrados durante dos días por precaución ante posibles actos de vandalismo y bloqueo de vías durante las protestas convocadas por dirigentes de extrema izquierda, conglomerados antimineros, grupos radicales y descontentos en general.

Las reivindicaciones de los revoltosos son, casi todas, delirantes e imposibles de atender sin atentar contra la Constitución y el ordenamiento democrático del país. De ahí que la Asociación de Empresarios de la Panadería y Pastelería del Cusco (ASPAN) haya exhortado a sus paisanos, en su peculiar estilo, a no dejarse “utilizar” y no sumarse a las protestas “si no sabes por qué estás marchando”.

Si las marchas se dejan arrastrar nuevamente hacia actos de violencia y vandalismo descontrolado, los primeros afectados serán los propios cusqueños, pues para nadie es un secreto que la Ciudad Imperial vive de lo que dejan viajeros provenientes de distintos puntos del planeta. Se estará atentando contra el bolsillo familiar, pues estas confrontaciones inútiles solo alejan al turismo, que ya bastante menguado viene debido a anteriores episodios de protesta callejera.

Otras regiones con destinos turísticos que también se ven afectados son Arequipa, Puno y Ayacucho. No sorprende la convocatoria de los azuzadores, pues, como ya se ha dicho, las demandas en sus plataformas de lucha son 100% políticas. Pero sí llama la atención que ciudadanos de esas zonas participen a sabiendas de que la llamada industria sin chimeneas forma parte de las actividades económicas medulares en sus regiones.

Como ha señalado el empresario hotelero Juan Stoessel: “Quienes más pierden son los que menos tienen. Están matando a la gallina de los huevos de oro”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORS-Perú), Sergio Belloso, fue más claro todavía: la crisis política ha dejado pérdidas que ya ascienden a US$2,500 millones en 2022 en el turismo receptivo, si se compara con lo recaudado durante 2019, antes de la pandemia.

La protesta podrá ser legítima; la violencia, en cambio, no. El daño al país es grande, pero peor, más absurdo aún, es el que se le hace al sustento de las familias allí donde estas protestas se desbordan en hechos de sangre y destrucción.

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