La nueva inquisición

Hace una semana el papa Francisco reconoció que, durante años, un sinnúmero de sacerdotes y obispos europeos y latinoamericanos violaron monjas con total impunidad. Que por décadas las sometieron como esclavas sexuales y que el abuso no se conoció hasta ahora porque la misma Iglesia se encargó de taparlo.

Las monjas perdieron el miedo y se animaron a hablar, después de que en distintos lugares del mundo se conociera que la Iglesia católica había protegido a cientos de curas pedófilos que abusaron de niños que provenían de hogares disfuncionales o pobres, lo que hacía todavía más vulnerables a sus víctimas.

La crisis que atraviesa la Iglesia católica alcanza al Perú, donde algunos de sus protagonistas son materia de libros, editoriales, comisiones investigadoras o muy peculiares procesos judiciales. La decisión del Vaticano de aceptar, diligentemente, la protocolar renuncia del cardenal Juan Luis Cipriani al arzobispado de Lima; las inoportunas declaraciones del cardenal Pedro Barreto en contra de Fuerza Popular; las denuncias de abuso sexual y psicológico al interior del Sodalicio, y el juicio que su único arzobispo, José Antonio Eguren, ha logrado desatar contra los periodistas que investigaron y denunciaron la entraña oscura y delictiva de la cúpula de esa organización, aumentan el ruido.

Paola Ugaz y Pedro Salinas pagan en estos días, en Piura, donde ninguno de los dos reside y donde no se cometieron los hechos denunciados, la audacia de evidenciar el abuso y la perversión de la que tantos jóvenes sodálites fueron víctimas.

Los juzgan por difamación en Piura, donde un aldeano elenco de abogados y jueces obedece al poder de congregaciones religiosas, propietarias de cementerios, colegios y universidades influyentes y muy rentables. Un proceso, por decir lo menos, atípico, no solo porque está dirigido contra los periodistas que recogieron y publicaron los testimonios de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, la orden que representa el querellante, sino porque está plagado de arbitrariedades.

Ugaz y Salinas viven y publican en Lima, y los hechos sobre los que han publicado, y que afectan la susceptibilidad de Eguren, ocurrieron en Lima. Cuando los citaron, sus abogados pidieron que el juicio sea en Lima, donde domicilian los querellados, pero los jueces piuranos que aceptaron la demanda planteada por el arzobispo de su ciudad, se negaron. Desde entonces, una vergonzosa parcialidad, disfrazada de puntilloso rigor, acompaña cada audiencia.

Lo que está en juego no es solo el derecho a la libertad de expresión que asiste a los periodistas que hicieron y publicaron una investigación que revela menores de edad sojuzgados por adultos perversos, que se hacían llamar sacerdotes; lo que el Sodalicio y Eguren buscan es debilitar el proceso que las víctimas han iniciado contra sus depredadores. Una sentencia contra los investigadores que les prestaron su voz para superar el doloroso silencio que los estaba consumiendo por dentro, tendría un fuerte impacto en la opinión pública y en la Fiscalía que hace más de un año solicitó prisión preventiva para Luis Fernando Figari, el fundador de la orden que se refugia en Roma.

El Sodalicio está intervenido por el Vaticano. La propia organización hizo público un informe interno en el que se revela que sus fundadores impartieron maltrato físico, psicológico y abuso sexual dentro de su congregación. El arzobispo Eguren no fue implicado en los dolosos hechos, pero ni él puede negar que pertenece a la misma generación de los acusados, que los acompañó devotamente y les prestó incluso una propiedad familiar para construir el monstruo que devoró la vida de decenas de menores de edad, abusados y violentados.