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Durante los últimos 12 meses han detonado casos de corrupción por todo el país; no obstante, conforme la Policía y la Fiscalía avanzan (aquellas pequeñas áreas dentro de estas instituciones que están demostrando independencia frente a las cabezas, que como sabemos son casos aparte), empezamos a descubrir una trama que penetra distintas instancias sociales, políticas e institucionales.

Este panorama no es de menor importancia; si revisamos un poco los últimos 14 años (post-fujimorismo), las corruptelas eran limitadas a partidos y personajes dentro del ámbito de influencia de los mismos. Los casos notorios durante el toledismo o el segundo gobierno aprista atestiguan dicha naturaleza.

Los casos Áncash, Orellana, Martín Belaunde y López Meneses son distintos, más parecidos a las redes del fujimorato. El caso Áncash, por ejemplo, se vincula –vía Martín Belaunde– a Lima y a Madre de Dios; por las vías institucionales, cubre al sistema judicial –jueces en su mayoría–, a la Fiscalía –nada menos que a través del fiscal de la Nación–, a la Policía, al Congreso, a la prensa y, así, un largo etcétera.

Lo mismo ocurre con el caso Orellana y López Meneses, donde algo de información tenemos; abarcan ámbitos policiales, judiciales, municipales y regionales, así como actividades ilegales (narcotráfico y minería ilegal). En el caso del desaparecido Martín Belaunde, la información es limitada; atraviesa, por lo pronto, al oficialismo y a los casos Áncash y Orellana, con lo cual su envergadura tal vez sea mayor que la que imaginamos.

En la década fujimorista distintas redes de corrupción actuaban de manera similar, transversales a las instituciones, a la geografía y –obviamente– al poder central. El problema, en esa situación, es que tal penetración y alcance incrementaron los costos de transferir el mandato. Como aprendimos de esos infaustos años, entre esos costos se encuentra la batalla frontal contra los principales opositores. La política es, en esencia, confrontación, pero incluso en ese tablero deben existir límites; excederlos pondría en riesgo nuestra democracia y economía.