Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com
Partamos por lo último, que es lo más sencillo. Nadie elige a sus parientes y, efectivamente, el fiscal Ramos Heredia lleva más de 30 años en el Ministerio Público. En principio, no tendríamos por qué prejuzgar. No obstante, si ello es así, ¿por qué el fiscal optó por negar su parentesco? La Sra. Heredia no era una desconocida; de hecho, otros familiares han mencionado las reuniones del clan Heredia, donde se frecuentaron los primos segundos. ¿Por qué negar, repetidas veces, el parentesco? De paso, no es –ni será, todo apunta– el único primo o pariente de la primera dama en el organigrama estatal. Hubiese sido bueno, creemos, cuidar las formas.
Luego están las serias denuncias que penden sobre el fiscal Ramos Heredia, dos de ellas en proceso: la primera, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y otra en el Congreso por infracción a la Constitución (nada menos) y la comisión de ilícitos en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia en el CNM, presentada por el Instituto de Defensa Legal, se debe al uso irregular de un cargo público fuera de plazo. Esperamos que el organismo competente pueda aclarar este proceso lo antes posible, dado que no amerita mayor profundidad: o estaba o no en el plazo, y le estaba o no permitido ejercer dicha función.
La segunda denuncia, no obstante, es lo más sensible entre los cuestionamientos que sobre el fiscal Ramos Heredia caen, y se refiere a su participación en las recientes irregularidades judiciales en la región Áncash. Si un fiscal no es capaz de aclarar –más allá de toda duda– su proceder en dicha convulsionada zona, pues poco tenemos que esperar de él en el máximo cargo. Ojalá se aclaren, y pronto, estos nubarrones.