'Nos quieren robar' por Cecilia Valenzuela.
'Nos quieren robar' por Cecilia Valenzuela.

La congresista Carmen Omonte postula como vicepresidenta de César Acuña en las próximas elecciones; sin embargo, aparece día de por medio en la televisión como parlamentaria, defendiendo una populista y arbitraria ley de reforma integral del sistema previsional peruano. En plena campaña electoral, la congresista y candidata de Alianza para el Progreso toma ventaja de su condición de presidenta de una comisión congresal para hacer propaganda política.

Su posición les otorga a ella y a su agrupación un privilegio que los demás partidos y candidatos no tienen. Pero lo peor es que para hacer efectivo ese privilegio y llamar la atención de la prensa, Omonte se ha colgado de un tema, en apariencia popular, pero tremendamente nocivo para los trabajadores que, año a año, aportamos al sistema privado de pensiones con el objetivo de alcanzar una jubilación decente a la hora de retirarnos.

Sin mayores criterios económicos y usando como pretexto la solidaridad, Omonte y quienes la acompañan en su aventura proselitista y expropiadora de los fondos de los pensionistas que aportan a las AFP –y que escogieron voluntariamente el sistema privado antes que el público para construir su jubilación– pretenden ponerle un impuesto al ahorro.

Exonerando al Estado de sus responsabilidades, Omonte y los suyos proponen crear un ‘Fondo de Riesgo Compartido’ que extienda una pensión “solidaria” a los que no han aportado para proteger su vejez y su futuro, pero con la plata de los trabajadores que, mes a mes, ahorramos para nuestra jubilación: lo que constituiría no solo un abuso, sino un impuesto a los ahorros pensionarios.

Para proteger a los que no ahorraron existe Pensión 65, pero la angurria electoral procura ignorancia e insensatez.

En la página oficial del Congreso en la que Carmen Omonte se presenta a sí misma como la abanderada de “una jubilación digna”, la candidata parlamentaria refiere que “hay un inocultable consenso entre todas las peruanas y peruanos, una impostergable demanda: el actual sistema de pensiones no ha funcionado y debe ser reformulado”.

Y lo dice como si ella fuera una experta en temas pensionarios y económicos y como si, además, existieran por lo menos dos generaciones de jubilados bajo un sistema privado de pensiones fracasado, agotado y sin fondos como la ONP, la Oficina Nacional de Pensiones –el sistema de jubilación pública en el Perú–.

Los economistas del MEF, del BCR y de la SBS le han explicado que está equivocada, que el sistema es imperfecto, pero no ha fracasado, que no puede cambiar las reglas pensionarias que rigen en el país, pero Omonte no escucha a nadie.

Los propios afiliados a las AFP le han dicho que no se meta con su dinero. Una reciente encuesta de Ipsos confirma que el 93% de los afiliados quiere mantener sus fondos en una cuenta individual. Y cuatro de cada cinco aportantes afirman que quieren que se mantenga la libertad de elegir entre distintas formas de ahorrar para su jubilación.

La plata de los trabajadores que aportan a las AFP es privada, le pertenece a cada uno de los 8 millones de aportantes que escogieron ese sistema pensionario.

¿Cómo se atreven un puñado de congresistas a disponerse a confiscarla? Nos quieren meter la mano al bolsillo y poner nuestros ahorros previsionales en manos de los políticos que se turnan el poder. En otras palabras, nos quieren robar.

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