Norte para el agro

Luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ejecutivo y Legislativo tienen el gran reto de consensuar un nuevo régimen. Acá tres de los elementos a tomar en cuenta en el debate.

Con la decisión del Congreso, medio millón de trabajadores agrarios han pasado al régimen general de trabajo. Esto implica una inmediata reducción en su liquidez, puesto que ya no se les paga la CTS ni la gratificación a diario, como era en el régimen derogado. Considerando un trabajador a sueldo mínimo, esto significa S/8.20 menos al día, un impacto significativo en la economía de cientos de miles de familias. Por ello no se debe perder ni un día en el debate.

Por otro lado está el aspecto tributario. Con el régimen derogado las empresas pagaban un Impuesto a la Renta de 15%, mientras que el resto de la economía enfrenta un 30%. El objeto de este tratamiento diferenciado era promover el sector cuando su desarrollo era incipiente a inicios de siglo. Dos décadas después, cuando el agro moderno tiene una historia de éxito que contar, no hace sentido un tratamiento tan preferente. No obstante, una duplicación abrupta de tasas pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas y, más importante, de miles de puestos de trabajo. Se debe plantear un calendario de incrementos graduales predictibles por un periodo de entre cinco y diez años que permita una adaptación.

Finalmente, hay que poner mucho ojo en la regulación y fiscalización de las services, la principal fuente de explotación y abuso en el agro. Si este mal persiste, poco o nada cambiará para los miles de trabajadores que llevan alimentos a nuestras mesas.

*El autor es candidato al Congreso de la República por Victoria Nacional.