A propósito de la lamentable y creciente crisis venezolana, se pueden sacar un sinfín de conclusiones. Concretamente, quisiera tomar el caso venezolano para poner sobre la mesa cómo es que, pese a la estabilidad macroeconómica que pueda tener un país, una debacle institucional y política puede terminar por derruir cualquier posible bonanza económica.
Para el Perú, el cierre de 2024 no fue tan catastrófico económicamente como se pudo esperar. De hecho, se ha dado en medio de una expectativa empresarial favorable, en la que un buen porcentaje de grandes empresarios ve con positivismo el futuro inmediato. Hay fe y tímidas sonrisas en los grandes pasillos. Pero esas medias sonrisas se desdibujan (no lo suficiente) cuando se cambia de canal y se presta atención al desastre político que vive el país, cuando se hace un mínimo análisis del estado actual de la institucionalidad y el Estado de derecho. El futuro económico pinta relativamente bien; el político, fatal.
Ahora bien, el tema pasa por el escaso interés o la poca preocupación que muestran los operadores económicos por esa paupérrima situación de la política peruana. He advertido en decenas de ocasiones la ligazón inevitable que hay entre ambos frentes. Y aquí la actual oscuridad de Venezuela nos puede iluminar.
El PBI de Venezuela ha sufrido una caída de más de dos tercios. La otrora poderosa industria petrolera quedó casi paralizada por el deterioro de su infraestructura; más de siete millones y medio de venezolanos han emigrado producto de la pobreza; el bolívar, en el hoyo. La política venezolana destruyó la economía venezolana, así de sencillo.
El caso venezolano es la mejor alerta que podemos tener para entender que preocuparse solamente de las cifras macroeconómicas no es suficiente. No basta con ver la política con el rabillo del ojo. Basta de ver un Perú a 60 meses. Nos toca ser responsables y pensar en ese país donde quizá ya no nos toque vivir, pero del que seremos responsables, queramos o no.
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