No se trata de nombres

En el contexto de los recientes desastres naturales que azotan al país, la presidenta Dina Boluarte anunció hace unos días que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Dicha entidad, según dijo, tendría tres objetivos estratégicos: ejecutar obras emblemáticas de prevención en todo el territorio nacional, monitorear las cuencas hidrográficas para evitar huaicos e inundaciones y, por último, sacar adelante los planes de mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otras similares, también de posible riesgo. La idea, agregó, es dejar atrás las medidas cortoplacistas o puramente cosméticas.

Lo cierto es que han transcurrido casi dos semanas y el susodicho proyecto continúa sin ser enviado. Cabe esperar que lo haga en los próximos días, pues al menos daría un mensaje algo más esperanzador a los peruanos afectados por desbordes, inundaciones y huaicos.

Esta nueva Autoridad asumiría las funciones que no logró cumplir la ya tristemente célebre Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que, a todas luces, por lo ocurrido estas últimas semanas, fue un fracaso sin atenuantes.

Sin embargo, para que no se trate de otra entre tantas entidades o proyectos creados a partir de emergencias sociales como las que actualmente vive el país, que, tras ser lanzadas pomposamente al final no generan mayores cambios, será crucial que su planificación y ordenamiento sea multisectorial. Así se podrían articular con mayor certidumbre las necesidades desde cada ministerio, sea infraestructura, de riego, proyectos de viviendas, carreteras, colegios o centros de salud.

Y lo mismo respecto a su fiscalización, ya que las responsabilidades serían compartidas y claramente señalizadas. Está visto que es la mala administración y, sobre todo, la corrupción lo que termina causando mayores daños a iniciativas como esta, que dejan de tener visibilidad conforme pasa el tiempo y se va dejando atrás el pico de las emergencias producidas.

El reto será gerenciar este nuevo organismo con objetivos medibles y escalonados para que sus inversiones y gastos puedan ser periódicamente monitoreados.

Es imprescindible que no se trate de un mero cambio de nombres en las instituciones y estemos hablando de una alternativa duradera para este tipo de circunstancias. Dependerá del Congreso y de la Presidencia de la República que así sea.