(Foto: Britanie Arroyo/GEC)
(Foto: Britanie Arroyo/GEC)

Por más desprovistas que estén de entusiasmo, estas elecciones constituyen una válvula de escape para un país sumergido en una profunda crisis sanitaria, económica y política. Son también necesarias para cerrar el malhadado capítulo de crispación política del último quinquenio y para poner fin a un gobierno de transición y dar inicio a uno elegido democráticamente (que ojalá venga con la dosis de liderazgo necesaria que le permita sellar un pacto por la gobernabilidad).

Lo último que necesitamos en estos momentos son voces que intenten deslegitimar el proceso electoral, como la de Rafael López Aliaga y sus correligionarios de la ola celeste (este lunes publicaron un comunicado anticipando un fraude electoral que buscaría sacar de la contienda a su “virtual presidente”).

Estos amagues conspiratorios arrojan un manto de duda sobre un proceso que, ya de por sí, será uno de los más complicados de los últimos tiempos. Los resultados serán tan ajustados (según las últimas encuestas, seis candidatos se pisan los talones) que ni el boca de urna podrá darnos luces sobre los ganadores, como lo ha venido haciendo en los últimos años. Tendremos que esperar al recuento final, que probablemente concluya después de algunos días.

Lo que corresponde, entonces, es esperar con responsabilidad y ciudadanía los resultados de la elección. Cualquier intento por cuestionarlos puede deslegitimar el proceso electoral y, a la postre, al presidente electo. Las consecuencias no son menores: podría terminarse por precarizar la presidencia, y podría generarse inestabilidad social y política. El que quiera al Perú no puede conjurar contra su frágil democracia.