(GEC)
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La Comisión de Educación está desbocada. Los tentáculos de quienes entienden la educación únicamente como un buen negocio siguen operando entre los pasillos del Congreso. En menos de una semana, los miembros de esa comisión han pretendido (i) aplastar a la Sunedu creando una nueva instancia superior; (ii) reducir los plazos de moratoria para nuevas universidades; (iii) aprobar que las que no lograron las exigencias mínimas de calidad sean licenciadas sin cumplir con requisitos mínimos y recibiendo un jugoso subsidio del estatal; y, ahora, de taquito, (iv) bajarse al Ministerio de Educación con una denuncia hueca.

La primera pretensión fue tan absurdamente torpe que no duró en agenda ni 24 horas. Ni intentaron defenderla: al quedar evidenciado su vulgar intento de arrinconar a la Sunedu, saltaron del barco. Las otras, sin embargo, siguen sobre la mesa. Sin vergüenza, pretenden que las universidades con fines de lucro con licencias rechazadas, como Telesup y Alas Peruanas, puedan acogerse a un plan de emergencia regulado exclusivamente para las universidades públicas. En simple, están buscando que empresas muy rentables, que además no pagan impuestos, usen recursos públicos para cumplir con las exigencias mínimas de calidad que el servicio educativo requiere.

Mientras tanto, justo ahora, aparece una denuncia contra el ministro Benavides por un supuesto licenciamiento mal dado durante su paso por la Sunedu. Ya hemos visto bastante para saber que en estos asuntos la casualidad no existe: basta entrar un poco en el detalle de la acusación para entender que detrás de ella hay o mala leche o la más supina ignorancia. El lobby de los rentistas de la educación es tan torpe que hasta sus denuncias truchas se hacen evidentes, al igual que sus verdaderas pretensiones. Por eso no podemos ni pestañear, que, al primer descuido, se levantarán todo en peso.