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Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com

Esas fichas, en número de 434, se hicieron llegar durante el mes de agosto a los gobiernos regionales y locales, consignando información precisa sobre los lugares en donde se podrían producir emergencias, el detalle de las obras a ejecutarse y el monto estimado de la inversión.

Sin embargo, de ese total solo se ejecutaron 72 obras. Esas cifras dan cuenta de la absoluta falta de una cultura de prevención en nuestro país. El monto que hubiera sido necesario invertir, siguiendo las recomendaciones de la ANA, ascendía a 220 millones de soles.

Los daños causados por la incapacidad de los gobiernos sub-nacionales de ejecutar esas obras le han costado al país –hasta el momento de escribir estas líneas– más de 3 mil millones de soles y 35 vidas humanas. Es decir que por cada sol dejado de invertir en prevención, deben gastarse 14 nuevos soles en reconstrucción, reparación y restauración de bienes públicos y privados que serán afectados durante el primer trimestre de este año.

Eso sin contar la irreparable pérdida de vidas humanas. Siendo el Perú un país sometido cíclicamente a numerosos desastres naturales, donde la principal consecuencia asociada al cambio climático son las inundaciones, la imprevisión deja de ser tal para convertirse en negligencia punible que debería suponer una ejemplar sanción para los responsables.

La Autoridad Nacional del Agua está legalmente obligada a fomentar programas integrales de control de avenidas (lluvias), desastres naturales y prevención de daños por inundaciones.

Esta institución carece, sin embargo, de la facultad sancionadora para que sus recomendaciones tengan carácter obligatorio para las autoridades a quienes van dirigidas.

Hay que dotarla de esa facultad o seguir llorando sobre la leche derramada.