notitle
notitle

Carlos Basombrío,Opina.21cbasombrio@peru21.com

Dos casos recientes:

1.- El primero se refiere a la advertencia de la embajada norteamericana para que sus connacionales no viajen al Cusco por riesgos a su seguridad.

Desde el presidente nacional al regional, pasando por media docena de ministros, han culpado a esta embajada de crear una alarma innecesaria e irresponsable. La pregunta elemental es por qué un país con el que tenemos buenas relaciones y de donde nos visitan 500,000 personas por año crearía un pánico innecesario.

¿No será, más bien, que cada vez con más frecuencia ocurren crímenes contra turistas? De hecho en el Cusco se produjo hace no mucho el brutal e impune secuestro y robo a tres norteamericanos en la comunidad de Ocongate y la reacción fue casi la de culparlos por estar allí.

La otra fuente de inseguridad es la cada vez más cercana presencia de Sendero Luminoso a las zonas turísticas del Cusco. La respuesta debiera ser actuar con eficacia y revertir el problema de fondo que está en el origen de advertencias que hacen un daño enorme a la economía regional y a la imagen del país.

2.- El segundo caso es el de la denuncia de la Contraloría General por contratos con una empresa privada israelí que debería de dar capacitación de alto nivel a los miembros de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista.

Se halló que estaban sobrevaluados, plagados de irregularidades y que proveyeron servicios muy por debajo de los estándares ofrecidos. En esta ocasión han sido congresistas de algunas bancadas que, en lugar de apoyar la investigación, han puesto el grito en el cielo diciendo que se está perjudicando a las Fuerzas Armadas y dándole información valiosa al enemigo. Cabe hacer la misma pregunta que en el caso anterior: ¿qué interés tendría la Contraloría en perjudicar la lucha antisubversiva? ¿No estamos, más bien, ante un caso inaceptable de corrupción que debilita la lucha contra el terrorismo?