Finalmente, el Gobierno dispuso la reorganización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 180 días, una medida que alcanza a sus programas Provías Nacional, Provías Descentralizado, Pronatel y Promovilidad y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
Todos ellos medulares en cuanto a inversión pública se refiere.
La decisión ha tardado en llegar, luego de comprobarse que en gestiones gubernamentales de los últimos años, en especial las de Martín Vizcarra y Pedro Castillo, se montaron grandes mafias desde el poder con la finalidad de direccionar licitaciones, en las que miles de millones de soles fueron puestos sobre –y debajo de– las mesas de negociaciones.
El gran reto de esta reestructuración, que tendrá que ser muy meticulosa, es que se cambien los modelos de entrega de obras y concesiones, se incluyan protocolos estrictos de transparencia y anticorrupción, y en especial, se dé a conocer a la ciudadanía los entuertos o arreglos sospechosos que en el camino reorganizador se vayan encontrando.
Conviene tener en cuenta que se trata de una cartera que ha sido siempre objeto de controversia por la cantidad de coimas y negociados que se destaparon en los últimos años, comprometiendo, de paso, a sus máximas autoridades, altos funcionarios, directores y ministros debidamente aceitados y a menudo vinculados directamente con Palacio.
Es decir que funcione también como una suerte de comisión de la verdad de las obras encausadas por ese ministerio. Club de la Construcción, club de empresas chinas, porcentajes de coimas dados a los malos funcionarios, todo debería quedar documentado en el informe final de la comisión reorganizadora.
El grupo del trabajo que llevará a cabo esta tarea tendrá una vigencia de 60 días calendario, y estará conformado por dos representantes del despacho ministerial del MTC —uno de los cuales lo presidirá—, por el superintendente de la Sutran, el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil y los secretarios de la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Lo que cabe esperar por el bien de la democracia es que sea una reorganización a fondo, que se establezcan políticas viables de monitoreo y fiscalización permanente. Y que en unos años no termine comprobándose que solo se trató del reemplazo de una mafia por otra.
