(Foto: Daniel Carbajal)
(Foto: Daniel Carbajal)

El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La fecha, instituida por la ONU, resalta el valor de la diversidad cultural. Recuerda, además, la necesidad de que poblaciones históricamente discriminadas tengan un goce efectivo de sus derechos. Nuestro Estado saludó la efeméride vía sus ministerios. Agricultura destacó el rol de los pueblos indígenas en “la conservación de la biodiversidad, costumbres y aporte en la seguridad alimentaria”. Cultura se comprometió a garantizarles una ciudadanía plena. Y Justicia dijo que fomentaría el respeto de sus derechos. Pero en la Amazonía, lo que se escuchaba eran tiros.

Tres muertos y 17 heridos es el saldo trágico de un enfrentamiento entre la Policía y ciudadanos indígenas del pueblo kukama en el lote 95 en Loreto. La Policía se justifica señalando que los manifestantes estaban armados y actuaron con violencia. Las organizaciones indígenas lo niegan y responsabilizan a la primera. ¿Quién dice la verdad? Lo definirá la justicia. Más allá de las responsabilidades penales, cabe preguntarse dónde quedó la lección que debimos extraer del ‘Baguazo’.

La protesta kukama tiene décadas. Pide mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Estas eran inaceptables y se han vuelto críticas con la pandemia. Salud, electricidad, agua y saneamiento. Hace un año, el gobierno reconoció vía un decreto supremo que la actividad petrolera no había traído desarrollo para las comunidades en Loreto y prometió diseñar un “plan de cierre de brechas” en 120 días. El plazo se venció en exceso y las comunidades se cansaron de esperar. Cuando empezó la protesta pacíficamente hace días, se envió refuerzos policiales a la zona, pero no una comisión de diálogo. Esta recién partió luego de la violencia. He ahí la lógica que urge cambiar.

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