Foto: César Fajardo.
Foto: César Fajardo.

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Autor: Ricardo Monzón Kcomt.rmonzon@peru21.com

Con preocupación, el ex procurador Luis Vargas Valdivia asegura que la mordaza que aplica el gobierno a los abogados del Estado afecta a la democracia. Aquí su análisis de una medida sin precedentes.

¿Cuando fue procurador, sintió restricciones para declarar ante la prensa?Nunca. En algún momento el presidente Alejandro Toledo preguntó por unas declaraciones que hice, pero no intentó evitar que declarara.

¿La ley mordaza contra los procuradores, entonces, no tiene precedentes?Así es. No tiene precedentes en el Perú. Los procuradores son funcionarios públicos y, como tales, se deben al trabajo de la colectividad. Por eso están obligados a rendir cuentas de sus actos, porque se encargan de la defensa de los intereses del Estado. Es una obligación para ellos mantener informada a la colectividad del avance de sus gestiones porque son temas de interés público y, en delitos contra la administración pública, está en juego la institucionalidad del Estado. No comprender eso significa establecer cortapisas y seguir ejemplos negativos de otros países como Ecuador o Venezuela.

¿Considera que se está restringiendo su libertad de expresión?Creo que no solo se está restringiendo la libertad de expresión de los procuradores, sino el deber que tienen de informar a la colectividad el avance de las investigaciones en las que defiendan los intereses del Estado.

Pero es cierto que deben tener algunas reservas…Hay determinados aspectos de las investigaciones que ellos deben mantener en reserva, pero, en los delitos contra la administración pública, lo importante y lo trascendental es precisamente que la ciudadanía esté al tanto de cómo van los procesos. Cuando estuve en la Procuraduría Anticorrupción, cada mes convocábamos a conferencia de prensa a efectos de informar el avance de las investigaciones.

¿Sin pedir permiso?Por supuesto. Yo nunca le pedí permiso al Ministerio de Justicia para nada. Al contrario, creo que los funcionarios deben tener en cuenta que, por encima de la norma, está la obligación del funcionario público de poner en conocimiento de la colectividad sus obligaciones, y si por cumplir con esa obligación las autoridades competentes –ya sea el ministro de Justicia o cualquier otro– deciden cesarlos, pues serán estos funcionarios los que podrían dar lugar, tranquilamente, a una intervención, por ejemplo, del Congreso.

¿Le preocupa esta medida restrictiva?Es preocupante porque revela un afán de marcar una política de censura previa a las declaraciones de los procuradores. Yo creo que este gobierno no ha tenido una política clara de lucha contra la corrupción. Si bien es cierto que al comienzo se implementó la Procuraduría Anticorrupción, con el doctor Julio Arbizu, después no hubo mayores elementos o decisiones que permitan dejar en claro que hay un compromiso y políticas a mediano y largo plazo.

La procuradora Príncipe dijo que había declarado con libertad sobre varios temas, pero en el único que habían pretendido callarla era en el que se refería a la primera dama. ¿Qué opina de eso?Esa actitud del gobierno no tiene sentido. Más bien, ese debería ser el tema más importante por el cual declarar, porque se trata precisamente de la primera dama. Este es uno de los temas donde debe haber más publicidad y difusión.

¿Cree que la labor de los procuradores le ha sido incómoda al gobierno?Claro. El tema de la investigación contra la señora Nadine obviamente ha incomodado al gobierno, pero aquí no se trata de buscar complacer a nadie. Aquí lo que se busca es cumplir con una función debida y adecuada. Los procuradores –y eso es algo que no se entiende todavía– son defensores del Estado y no del gobierno, y que los procuradores dependan funcionalmente del ministro de Justicia y del presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado no implica que su conducta debe estar vinculada a los intereses del gobierno.

¿Cree que despedirán a la procuradora Príncipe?Espero que no. Esa sanción sería responsabilidad funcional del ministro de Justicia. En ese escenario, el Congreso no solo podría citar al ministro, sino que podría investigarlo por infracción a la Constitución, porque habría ahí claramente una afectación a las funciones que llevan a cabo los abogados del Estado.

Otra polémica en torno a Nadine Heredia es el recurso que presentó su defensa para que no la investigue la comisión Belaunde Lossio. ¿Sí la pueden investigar?Sí. Las comisiones investigadoras del Congreso pueden investigar a todos, no necesariamente a funcionarios públicos. Yo no veo afectación a su derecho de defensa porque se ha cumplido con las propias sentencias del órgano constitucional en el sentido de que ha habido una investigación previa donde ha sido citada, escuchada, y ahora ya está comprendida como investigada.

Según dijo Roy Gates, no existe relación entre la primera dama y las actividades de Belaunde en el 2006.Eso dice él, pero eso es materia de investigación justamente. Para mí es un argumento sin mayor sustento legal.

AUTOFICHA

  • "Fui procurador Anticorrupción durante el gobierno de Alejandro Toledo. Una vez el presidente preguntó por mis declaraciones sobre las personas vinculadas a Perú Posible a las que nosotros denunciamos en la Procuraduría. Estaban involucrados sus familiares directos…".
  • "(…) Pero no hubo ningún tipo de mordaza. Además, nosotros nunca habríamos permitido ningún tipo de cortapisa ni impedimento de declaraciones, porque esto es algo fundamental. No pueden restringirnos. Hacerlo afectaría a la democracia".
  • "Yo, cuando salí de la Procuraduría, cuando fui cesado, terminé con más de 40 investigaciones en el Congreso y en la Fiscalía, y nunca interpuse un amparo o un hábeas corpus. Me sometí a todas las investigaciones, que concluyeron en el 2014. Todas se archivaron".