Momento de decisión

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene ya en sus manos el informe con todas las pruebas compiladas contra el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, amigo y socio del presidente Pedro Castillo en los negociados que se han detectado en el sector.

No solo eso. Sánchez recibirá también en los próximos días nueva documentación de la Fiscalía de Lavado de Activos sobre el escenario legal del propio mandatario, señalado por la colaboradora eficaz Karelim López como cabecilla de una mafia que maneja el MTC.

En este caso, la antecesora de Sánchez en el cargo, Zoraida Ávalos, si bien formalmente abrió investigación por tres sonados escándalos (Sarratea, Petroperú y ascensos en las FF.AA.), en el mismo instante la suspendió hasta que el gobernante concluya su mandato. Una discutible decisión que esperamos no refrende el fiscal Sánchez, puesto que desde entonces las denuncias eran muy graves y estaban sobradamente sustentadas.

Y, peor aún, las evidencias han seguido acumulándose, pues los protagonistas de estos rentables chanchullos no han abandonado sus oscuras e ilícitas actividades, protegidos como se sienten por la impunidad que parece conferirles su proximidad a los círculos palaciegos.

El costo de esa renuencia a “mojarse”, como se suele decir, que caracterizó a la anterior responsable de la Fiscalía de la Nación lo venimos pagando todos los peruanos, pues el país continúa sin rumbo mientras en la administración pública las denuncias de corrupción se multiplican. Una renuencia que, por supuesto, erosiona también la credibilidad de las instituciones llamadas a combatir y poner coto a cualquier atisbo de corrupción en las esferas de poder.

El testimonio y los documentos presentados por Karelim López registran una serie de maniobras y contrataciones en el MTC que apuntan directamente al ministro Silva y al presidente Castillo, así como a otros funcionarios, asociados y parientes como los sobrinos presidenciales, hoy prófugos de la justicia, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

Se hace imperativo, pues, que el fiscal de la Nación actúe con mano firme y con la premura que exigen las circunstancias. El Perú no puede darse el lujo de pasar por alto tan graves acusaciones sobre posibles inconductas de sus más altos funcionarios.