Hablar sobre el dinero en la política puede ser un terreno pantanoso, pero al encender los reflectores quizá se vean más luces que sombras. ¿Por qué es importante el financiamiento?
El financiamiento impacta en la competencia electoral, el funcionamiento de las instituciones, y es fundamental para garantizar la integridad en la política. Las sentencias de las cortes constitucionales han vinculado el financiamiento privado con el ejercicio de los derechos constitucionales, subrayando la necesidad de su regulación y control. Se trata de garantizar la transparencia y evitar que los recursos provengan de fuentes ilícitas. La información y el control no solo son útiles para los entes reguladores, sino que también proporcionan a los votantes datos clave y disuaden a la corrupción. En resumen, es un asunto de la mayor relevancia para el sistema democrático.
La regulación del financiamiento es diversa a nivel de legislación comparada, pero en general se orienta hacia esos objetivos. Según el Observatorio de Reformas Políticas para América Latina, países como Argentina, Colombia, Costa Rica o México permiten a personas naturales y jurídicas realizar donaciones. Por el contrario, varios países limitan los aportes anónimos o aquellos provenientes de personas condenadas por delitos contra la administración pública. Otros plantean límites a empresas que contratan con el Estado. Diversas instituciones y expertos han desarrollado ampliamente este tema, por lo que existen aprendizajes y buenas prácticas sistematizadas.
En el caso de Perú, la Ley de Partidos Políticos de 2003 estableció que el financiamiento podía ser tanto público como privado. Esta ley ha sido modificada 26 veces y, al menos, siete de esas reformas afectaron específicamente la regulación del financiamiento. Entre las reformas de 2017 se prohibió que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realizaran aportes, limitando el financiamiento privado a personas naturales. Además, se implementó la bancarización de dichos aportes. Tanto esta medida como la prohibición de contratar publicidad en radio y televisión fueron promovidas por diversos grupos parlamentarios, y esta última fue aprobada mediante reforma constitucional en el referéndum de 2018.
La Comisión de Reforma Política, de la cual formé parte, se constituyó tras el referéndum de 2018 y presentó sus propuestas en marzo de 2019. Ahora, corresponde evaluar si la prohibición del financiamiento privado por parte de personas jurídicas ha sido eficaz como mecanismo para prevenir la corrupción y el financiamiento de economías ilegales. Es en este último punto en el que debe concentrarse la regulación.
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