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Las turbulencias políticas que agitan al gobierno ocultan los graves riesgos económicos que afectan al país y que deberían ser, en las actuales circunstancias, la primera prioridad del Ejecutivo. El menor crecimiento económico de China y la reducción de precios de las materias primas oscurecen el panorama y tienen como consecuencia inmediata –para nuestro país– que las inversiones mineras sean menos atractivas.

Aun cuando el precio del cobre se mantiene relativamente alto, parece en caída libre: ha bajado 12% en lo que va del año y 24% en el último semestre (hoy estamos a tres dólares la libra, todavía el doble de su precio del 2009).

Afortunadamente, el incremento de la producción en los próximos años, cercano al 80%, compensará los menores precios. Pero eso no justifica bajar la guardia, proyectos como La Granja y Quellaveco, cuyo desarrollo y construcción se definirán este año, pueden paralizarse y, en ese caso, la mayor producción diluirse en el próximo quinquenio.

Hay que tener en cuenta que ambos proyectos mineros entrarían en producción recién en el 2017 y significarían una cuarta parte de nuestra producción total de cobre. Las inversiones mineras son procesos de larga maduración y no dependen solo de la voluntad de los inversionistas. Requieren, además, decisiones audaces y oportunas por parte del gobierno. Con todos los recaudos medioambientales necesarios, se tiene que abreviar la obtención de las licencias y permisos para la actividad minera, desarrollar la infraestructura vial y portuaria y, sobre todo, generar un clima de paz social y no de constante confrontación.

No podemos, sin embargo, ser muy optimistas al respecto: un gobierno dividido en facciones (según ha declarado la propia jefa del gabinete ministerial), y aparentemente más interesado en la destrucción política de los adversarios que en el desarrollo del país, no parece capaz de tomar medidas audaces y oportunas.