[OPINIÓN] Felipe Morris: Digresiones sobre la remuneración mínima vital

En el Perú, la Constitución dispone que las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. En teoría se fija a propuesta del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), supuestamente basado en criterios técnicos que incluyen la inflación subyacente proyectada y la productividad multifactorial; pero el CNTPE casi nunca se pone de acuerdo. La semana pasada se anunció que se iba a volver a convocar al Consejo para discutir temas laborales incluyendo una metodología técnica para ajustar periódicamente la remuneración mínima vital (RMV). Su más reciente aumento fue el 3 de abril de 2022, subiéndola 10.2%, de S/930 a S/1025 desde mayo.

La discusión sobre la necesidad de imponer una RMV es antigua a nivel global y no tiene fundamentos económicos, menos aún en el Perú, donde 74% de los trabajadores son informales y no les afecta directamente. En el Perú los costos laborales son tan altos que desincentivan el empleo formal (beneficios sociales, RMV, feriados, vacaciones y dificultades para despedir trabajadores, entre otros). Asimismo, programas sociales como el Seguro Integral de Salud (SIS), al cual tienen acceso gratuito prácticamente todos, desincentivan la contratación formal de trabajadores, al ahorrarse el costo de contribuir a Essalud. La RMV también contribuye a esa informalidad al poner el salario mínimo por encima de la productividad de los trabajadores, obstaculizando  su contratación formal. El aumento de los feriados también aumenta los costos laborales.

Mientras se continúe dictando normas laborales que desincentivan la creación de empleo formal, la informalidad laboral seguirá creciendo, más aún en una economía que está creciendo muy poco por una combinación de factores internos y externos. Pero evidentemente es iluso pensar en reducciones de rigideces laborales en el contexto político en el que nos encontramos, con un Gobierno débil y un Congreso populista.

Los sindicatos que congregan a trabajadores formales, una minoría del empleo en el país, presionan para que se incremente la RMV, argumentando que así se mejora “la calidad de vida de los trabajadores”. La realidad es que no favorecen a los trabajadores de ingresos más bajos porque a ellos no les afecta la norma, ya que son informales, y más bien saca del mercado formal a muchos trabajadores de baja productividad, particularmente los jóvenes que recién entran a la fuerza laboral. Al aumentar la RMV por encima de la productividad laboral, reduce su demanda. No es momento de aumentarla, no solo por la alta informalidad sino también porque su nivel sobre el ingreso medio de los trabajadores es de los más altos de la región. Pero la discusión sobre aumentos de la RMV es como un zombi, nunca muere.