Miedo en las calles

A la luz de lo que vemos todos los días en nuestras calles, la inseguridad ciudadana debe ser en estos momentos unos de los principales motivos de angustia para el ciudadano de a pie. No es para menos. Los atracos a mano armada, los arrebatos de celulares o carteras, las golpizas a pasajeros de taxis para desvalijarlos, los secuestros al paso, el cogoteo a conductores, la violencia del transporte informal, las balaceras en vías públicas andan a la orden del día.

El reciente asesinato a sangre fría de un comerciante en San Miguel, por negarse a pagar el cupo impuesto por las bandas que se disputan la zona, es solo una muestra más de la deriva delincuencial que está desbordándose no solo en Lima, sino en buena parte de las ciudades más importantes del país. Tradicionalmente, un pacífico distrito mesocrático, San Miguel vive hoy atenazado por el delito y el miedo de sus pobladores.

Y algo tiene que hacer el gobierno al respecto. No puede limitarse a ver correr la sangre de ciudadanos inermes ante el delito, ser un simple espectador de los crímenes recurrentes, diarios, que desfilan en su delante, a veces incluso a pocos metros de Palacio. Nuestros compatriotas están siendo asesinados hasta por quitarles un celular barato. Y ni hablar de las extorsiones o la impunidad con que actúan el crimen organizado y sus sicarios.

Lo que está ocurriendo ya no es una ola delictiva: es un aluvión, una especie de cerco infernal que se está cerrando sobre los espacios públicos en no pocos barrios limeños.

Y si el Ejecutivo tiene la responsabilidad principal, los municipios y también los gobiernos regionales deben colaborar con las tareas de seguridad ciudadana. De tanto alcalde que llegó al cargo prometiendo “limpiar” sus distritos, de mejorar la lucha contra el hampa, hasta ahora se ve poco y nada (salvo excepciones, claro, como el de la comuna de Chorrillos, cuyas calles más peligrosas se ven ahora resguardadas por equipos policiales supervisando las labores del Serenazgo).

Pero la seguridad en las calles también compete –además de las autoridades– a la ciudadanía o, en ciertas zonas, al vecindario organizado, que debe colaborar con las tareas de la fuerza pública, sobre todo denunciando cada crimen para que este no quede impune. Solo con un trabajo conjunto podremos librarnos de esta lacra social.