La fiscal Geovana Mori es quien tiene, dentro del equipo especial Lava Jato, las investigaciones del caso Costa Verde Callao. (Foto: EFE / Video: América TV)
La fiscal Geovana Mori es quien tiene, dentro del equipo especial Lava Jato, las investigaciones del caso Costa Verde Callao. (Foto: EFE / Video: América TV)

Conforme se van corroborando, una a una, las hipótesis con que el Equipo Especial Lava Jato ha trabajado sus investigaciones, comienza a desafinar y a llenarse de gallos el nervioso coro de voces alzadas contra el acuerdo de colaboración de la fiscalía con Odebrecht.

Y es ciertamente comprensible: el valor de las delaciones premiadas y la documentación entregada por los brasileños, gracias al convenio firmado y homologado, reside menos en su novedad –aunque también las trae– que en su significado jurídico, es decir, con estas corroboraciones se podrá avanzar y formular acusaciones en terreno firme, pues hasta ahora lo que había eran denuncias parciales e investigaciones en curso, pero, desde ayer, ya se puede hablar de casos y sustentos con la papelería completa, por lo menos para esta etapa del proceso.

Los intentos de tumbarse el acuerdo no han cesado desde que se firmó y no es necesario ser Nostradamus para suponer que arreciarán coordinadamente en los próximos días. Los intereses en juego no son escasos ni difusos, como ahora tampoco lo son las cuentas de los sobornos, tan claras que ya están haciendo desfilar, al lado de su respectivo “codiname”, tarifas, servicios, cargos, nombres y apellidos.

Volverán, seguramente, a colar el desgastado brulote de la reparación civil que está obligada pagar Odebrecht –insólitamente, el presidente Martín Vizcarra debutó como corifeo hace unos días, metiendo cuchara en lo de Chaglla– como si la cuantía de ese monto fuera tan relevante para el desarrollo y saneamiento del país como que, finalmente, por una vez en nuestra historia política moderna, se demuestren y castiguen gravísimos hechos de corrupción en los que han estado involucrados líderes de partidos de todo el espectro político, poderosas empresas privadas, funcionarios públicos, bufetes de abogados y hasta algunos periodistas, como lo vienen demostrando registros, libros contables e interrogatorios.

La ciudadanía, entonces, debe permanecer alerta: el acuerdo que está permitiendo el flujo de toda esta información sobre pagos ilícitos va a recibir fuego graneado. Porque ya sabemos a quiénes afectará la verdad cuando esta termine de salir a la luz.

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