Cuando logremos salir de este trance indeseable, la Municipalidad de Lima y el gobierno tienen que tomarse en serio la tarea de romper la relación con los operadores del Metropolitano y mandarlos de una vez a sus casas. Si no colaboran, que se anulen los contratos. Ya ellos tendrán que explicar a los árbitros o cortes internacionales por qué amenazaron con dejar de brindar un servicio así de esencial en plena crisis sanitaria.

El Metropolitano tiene que pasar a la ATU. Esos contratos nacieron viciados, otorgándoles todo el poder de negociación a las empresas operadoras y dejando buena parte de los riesgos en cancha estatal, como se está nuevamente evidenciando en plena pandemia: aunque el asunto se logró solucionar, hasta ayer a las 7 p.m., por un desacuerdo comercial, corríamos el riesgo de que los buses del Metropolitano no operen, a pesar de que su condición de servicio público esencial exige que el servicio siempre esté garantizado. Ese es el problema de haber permitido que el Estado no tenga verdadero control de este, como siempre tiene que ser con los servicios esenciales.

El Metropolitano no solo debería funcionar durante estos días difíciles, sino que tendría que hacerlo al menor costo posible por pasaje o, mejor, de manera gratuita. Junto al Metro de Lima, es el modo de transporte masivo que tiene mayor capacidad de control sanitario. Médicos, enfermeras, policías, periodistas, militares y profesionales que están brindando servicios fundamentales lo necesitan. Este asunto no debería ni estar en discusión. Si hasta los bancos se han visto obligados a congelar créditos sin cobrar intereses, ¿cómo los operadores del Metropolitano van a pretender, unilateralmente, detener la operación? Estamos bajo una tormenta y todos tenemos que mojarnos.


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