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Guido Lombardi,Opina.21glombardi@peru21.com

Como ha dicho Lourdes Flores, una práctica de esta naturaleza debería ser lo normal y cotidiano en la vida democrática, y no tendría por qué convertirse en noticia. Es de esperarse que la cosa no quede simplemente allí, en la conversación civilizada y la foto de rigor, y que las propuestas para mantener el crecimiento económico y reformar el Estado en los sectores más sensibles y menos atendidos (salud, educación, seguridad) puedan aterrizar en medidas concretas y de pronta realización.

Pero la administración humalista parece dispuesta a borrar con el codo lo que hace con la mano.

No de otra manera puede entenderse el retroceso en toda la línea en el esfuerzo por detener la minería ilegal. Pese a la demostrada voluntad del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, por acabar con una actividad que implica depredación, explotación de menores, trata de personas, lavado de dinero y vinculación con el narcotráfico, bastó la amenaza de un paro nacional y la movilización de los ilegales en algunas zonas del sur del país para que el Gobierno diera marcha atrás en una tarea que el propio presidente había anunciado como prioritaria de su gestión.

El daño ocasionado por estos delincuentes ha sido reiteradamente descrito y, como en el caso del narcotráfico, aunque de manera menos encubierta, están enquistados en distintas esferas del poder (local y nacional) para defender sus intereses.

A juzgar por los resultados, los mineros ilegales lo están haciendo con el mismo éxito con el que practican su ilícita actividad, lo cual demuestra que tienen apoyo al más alto nivel.