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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Quienes defendemos los procesos de mercado partimos de dos soportes: los morales y los prácticos (siendo los primeros, por obvias razones, más importantes). La defensa de la propiedad privada, de la igualdad de derechos, del respeto a las decisiones de cada individuo, entre otras, son instituciones que no solo aseguran que el esfuerzo de cada hombre sea recompensado, sino que la sociedad resguarde los frutos de dicho esfuerzo.

La intervención del Estado en los acuerdos adoptados por dos agentes que actúan de manera libre (y, por lo tanto, en busca de maximizar su beneficio), en principio, vulnera dichos principios. La expropiación es el resultado inevitable: para favorecer a unos generan cargas adicionales a otros. Esto puede ser aceptado con ciertos límites (impuestos, entre otros), pero, como ya hemos aprendido de la nefasta reforma agraria, no siempre.

Ahora, uno puede ser liberal, pero no por ello iluso: sin instituciones que tutelen los acuerdos entre dos personas, la tendencia natural sería a la expropiación, esta vez no pública, sino privada.

El ciudadano común se encuentra muchas veces entre estos dos riesgos: por un lado, el abuso del Estado y, por otro, el de las empresas; y cuando los intereses poco santos de las empresas se juntan con los del Estado, no hay quien se salve. Grandes y chicos, todos pagamos –con impuestos y malos servicios– la inmunda alianza que, muchas veces, establecen algunos empresarios con el gobierno de turno. Los segundos facilitan el canal de expropiación y los primeros aseguran parte de los réditos económicos. Es el mercantilismo ramplón que conocemos muy bien los peruanos.

No es curioso, entonces, que sean esos gobiernos que apelan a los grandes proyectos nacionales, a la protección de sus industrias y a toda suerte de retóricas 'nacionalistas', los mismos que se amparan en ese supuesto interés de la patria para obrar con celeridad y sin transparencia.

Cuando señalamos la corrupción, muchas veces solo miramos hacia el lado obvio, el Estado. Deberíamos empezar también a poner el ojo en aquellas empresas que apañan, facilitan o incitan dicha corrupción.