Augusto Rey: "Si quitamos el discurso justiciero con el que se ha pretendido envolver esta ley, en realidad nos quedamos con un boicot a la carrera pública magisterial" (Foto: José Rojas)
Augusto Rey: "Si quitamos el discurso justiciero con el que se ha pretendido envolver esta ley, en realidad nos quedamos con un boicot a la carrera pública magisterial" (Foto: José Rojas)

Es evidente que la meritocracia en un país tan desigual no es igual para todos. Algunos compiten ligeritos y con ayuda, mientras otros lo hacen cargando una mochila pesada y en solitario. Esto también pasa en un sector como el docente, históricamente marginado y abandonado.

Pero, aún con todo eso, no veo cómo reincorporar sin ningún filtro a 14 mil profesores, separados por no superar el 2014 la evaluación que manda la carrera pública magisterial, a pesar de que existieron instancias de capacitación y se ofrecieron ampliaciones para superar la valla, puede ser un acto de justicia. Si los alumnos votaran, dudo que algún congresista hubiese apoyado esa ley.

Si quitamos el discurso justiciero con el que se ha pretendido envolver esta ley, en realidad nos quedamos con un boicot a la carrera pública magisterial y al esfuerzo para mejorar la educación de cientos de miles de escolares peruanos.

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Sin buenos docentes no hay buenos estudiantes: la comunidad escolar incluye a ambos. Por eso los maestros necesitan herramientas y buenas condiciones para hacer su trabajo, lo que implica capacitaciones e incentivos. El problema es que la ley de marras no hace referencia a nada de eso. Solo propone reponer a la mala a docentes que no dieron las pruebas o no la pasaron, poniendo en riesgo las plazas de 14 mil docentes que sí lo hicieron.

Si realmente les importase la educación, los 107 congresistas que votaron a favor habrían buscado mecanismos de capacitación y mejora para que progresivamente se vuelva a incluir a los docentes cesados. Lo más triste es que juegan con las aspiraciones de esos docentes, porque la norma terminará siendo declarada inconstitucional.

Al defender los derechos de los docentes no se puede perder de vista que el fin último de la educación pública es brindar educación de calidad y cuidar a la población más vulnerable, que son los alumnos que dependen de ella.

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