notitle
notitle

Hace pocos días, concluyó la elección de autoridades regionales, y en año y medio habrá comicios presidenciales y parlamentarios. Mientras tanto, desde diciembre del 2013, el JNE, la ONPE y el Reniec vienen presentando proyectos de ley para que las elecciones sean más transparentes. El Congreso, sin embargo, no ha resuelto nada al respecto.

Preocupa, sobre todo, el financiamiento de los partidos ante el creciente peligro de que empresas o personas aporten "bajo la mesa", sin fiscalización, para después verse beneficiados en un "dame que te doy" similar al que ya motivó graves denuncias en otros países de la región (en el caso peruano, hay acusaciones periodísticas, pero que aún no se han convertido en sentencias judiciales). El asunto es más grave, pues el financiamiento puede provenir también de la economía ilegal, en especial del narcotráfico.

La actual norma es una coladera. Por eso, los organismos electorales proponen modificaciones que permitan, por ejemplo, otorgar un financiamiento público directo a los partidos, poner topes al aporte individual o institucional, obligar a los partidos a presentar un informe financiero preciso y sancionar con medidas de diverso calibre a los que violen las normas. Las organizaciones políticas serían sancionadas "con una multa equivalente a no menos de diez veces ni más de 30 veces el monto de la contribución recibida en exceso, emitida o adulterada, cuando se acredite que el partido político o alianza, o sus candidatos, hayan recibido ingresos anónimos, de fuente prohibida o por encima de los topes señalados en la ley".

Los medios de comunicación, al margen de sus respectivas líneas editoriales, harían bien en llegar a un acuerdo para que se abra un debate sobre el punto. Entre otros resultados, esto podría hacer que el Congreso "agende" ya-ya las propuestas del JNE, la ONPE y el Reniec.