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Los dolorosos sucesos de Iguala, en México, llaman nuestra atención porque son producto de un sistema político, sobre todo a nivel subnacional, que ha sido contaminado por el crimen organizado, en algunos casos hasta manejar el poder con impunidad. Estos eventos afectan la gestión pública en México y es una voz de alarma para el Perú. Las últimas elecciones en nuestro país muestran las falencias de nuestro sistema, la facilidad con la que la actividad delictiva se mezcla con la política local, y se presenta la necesidad de articular uno que dé mayor estabilidad, certeza y transparencia al quehacer político y, a su vez, permita prevenir la interferencia del crimen en el manejo público. Las reformas políticas deben estar diseñadas para dar resultados en esta dirección y no ser meros parches. Son necesarias medidas que fortalezcan los partidos nacionales y su representatividad, tanto a nivel subnacional como parlamentario, mecanismos que obliguen a una cabal planeación y rendición de cuentas a las personas elegidas y que aleje la tentación criminal. Tendrán mejores resultados que medidas subalternas, sin prueba de impacto, como los límites a la reelección.