Medidas de fuerza

El Gobierno ha decretado el estado de emergencia en tres distritos del país: San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima, y Sullana, en la región de Piura. El desborde de la delincuencia en estas jurisdicciones nadie las pone en duda, pero la misma ferocidad criminal la vemos también en el Callao, en Los Olivos, en varios distritos de La Libertad y de otras zonas del país.

Como se ha dicho en otras oportunidades, el país entero parece estar bajo el asedio de una criminalidad en ascenso que aterroriza a la ciudadanía a tal punto que no son pocos los peruanos que ya lo piensan dos veces antes de salir de sus casas, fuera de lo estrictamente necesario.

El problema de la inseguridad, sin embargo, no se va a resolver únicamente llevando a las Fuerzas Armadas a determinados puntos urbanos, como proclaman tantos alcaldes, sin siquiera haber revisado experiencias previas en otras latitudes (aparte de El Salvador), pues lo único que generará, como efecto inmediato, una aparatosa movilización militar es que los hampones se muden al distrito vecino o que regresen cuando el estado de emergencia termine, dado que estas medidas no pueden ser permanentes.

Las FF.AA., por otra parte, no tienen entrenamiento ni la pericia necesaria para enfrentar a un enemigo tan evasivo como es la delincuencia común o el crimen organizado en las ciudades.

El Ejecutivo se cubre alegando que están a la espera de las facultades delegadas para adoptar medidas de mayor envergadura. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no se conocen planes ni estrategias a la altura de la situación que vive el Perú. Y ya hemos visto en Colombia, y más recientemente en Ecuador, lo que ocurre cuando el bajo mundo del hampa, los cárteles de la droga y similares se hacen fuertes al punto de desafiar al propio Estado y a la democracia.

El endurecimiento de sanciones y penas en las nuevas normas que se dicten son necesarias, pero de nada servirán si no vemos planes operativos, de inteligencia y acción estratégica. Y eso está en manos única y exclusivamente del Gobierno.

No es momento de improvisar medidas efectistas, apuradas por la coyuntura –que difícilmente tendrán un impacto sólido o duradero– y para apaciguar la ansiedad que el aumento de la delincuencia genera en la ciudadanía. Lo que el país necesita es un planteamiento serio e integral de seguridad.