Foto: USI.
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Julio Arbizu,ExprocuradorAutor: Ricardo Monzón Kcomt.rmonzon@peru21.com

La corrupción continúa lacerando la institucionalidad en el Perú. El ex procurador anticorrupción Julio Arbizu sostiene, en esta entrevista, que desde el Ejecutivo poco se ha hecho para combatir este flagelo.

¿El nivel de la corrupción en el Perú se puede calcular mirando las regiones?Allí la situación obedece a una ecuación bastante sencilla. Si tenemos al Ejecutivo, que desde el MEF condiciona a los gobiernos regionales a ejecutar cada vez más, y al mismo tiempo estos gobiernos tienen funcionarios con moral relajada, y además no hay ningún control de las instituciones de control regionales y a nivel nacional, pues el resultado es corrupción galopante.

¿Existe una estrategia coordinada anticorrupción?Hay un déficit en la estrategia coordinada de las instituciones que participan en la administración pública. No solo deben participar las instituciones de control o las agencias anticorrupción, sino que el MEF debería coordinar con los consejos regionales, con la Contraloría, haciendo una fiscalización efectiva del proceso de gestión de servicios o de contratación de horas desde los gobiernos regionales, pero eso no pasa.

¿La Contraloría llega tarde, cuando ya se cometió delito?Sí, sin duda, y uno de sus espacios de intervención tiene que ver con lo preventivo. Hay un trabajo ineficiente de la Contraloría a pesar del discurso del contralor.

¿La CAN Anticorrupción tiene, realmente, alto nivel?Creo que ha tenido escaso apoyo del Ejecutivo y de la PCM. Después de la gestión del premier Jiménez, ha habido un relajamiento absoluto de los que pasaron por esa oficina respecto del trabajo de la CAN. Por otro lado, hay una serie de proyectos de ley que sí han salido de la CAN, que son interesantes, por lo menos, de discutir, y que nadie los trata en el Parlamento.

¿El Ejecutivo no está comprometido en reducir la corrupción?Yo hablaría, en particular, de quienes dirigieron la cartera de la PCM después de Jiménez.

¿Hasta ahora?Hasta ahora, sin duda, aunque ahora hay una renovación del discurso. Esperemos todavía, es muy temprano para hacer una evaluación. Yo he escuchado a la premier hablar de volver a la discusión sobre la creación de la autoridad autónoma de transparencia y acceso a la información, lo cual es urgente, pero creo que debería haber más contundencia al señalar esas necesidades.

¿Y con René Cornejo?En la gestión del señor Cornejo nunca se comentó ni se debatió, dentro de la PCM, sobre la creación de esa autoridad autónoma. Se le bajó el perfil a la CAN y los resultados los estamos viendo ahora.

Pero, digamos, la actuación del premier depende en gran parte del presidente.Sí, efectivamente, y con eso, creo, tiene que ver la salida del señor Cornejo, a parte de los affaires que protagonizó y que pudieron haber acelerado su salida. Confío en que haya una vocación por corregir lo que se hizo mal. Hay que recordar que el gobierno sí apoyó, desde el inicio, la labor de la Procuraduría Anticorrupción y lo que tendría que hacer aquí es apostar por un sistema anticorrupción, por instituciones con operatividad y comunicación, lo que no existe.

El Apra y Fuerza Popular dicen que la Procuraduría solo actúa contra la oposición, pero no contra el gobierno…Esa es una monserga bastante absurda y pueril. Yo puedo señalar que hubo diligencias preliminares abiertas a partir de denuncias de la Procuraduría contra funcionarios del gobierno o personas allegadas al gobierno.

¿Cuáles?Lo hicimos cuando hubo que denunciar el caso de Brujas de Cachiche y al señor Chehade, cuando hubo que denunciar al hermano del presidente (Alexis), cuando hubo que denunciar el caso López Meneses y declararon todas las personas, incluso funcionarios del gobierno.

¿La voluntad política anticorrupción no es solo retórica?La retórica y la demagogia son más corrientes entre los investigados y entre los partidos que tienen pasivos gravísimos por corrupción que en los órganos de persecución penal.

¿Y no vieron delito en el caso Mayorga? ¿No estaba claro el conflicto de intereses?Según mi criterio, sí, creo que el señor Mayorga ya no debería estar en el gabinete. Claramente, hay un conflicto de intereses, aunque no sé si eso alcance para imputarle la comisión del delito.

Se le acusa de lobbista, igual que al ministro Von Hesse.Creo que la solución a este tipo de debate es, precisamente, la creación de una autoridad autónoma que dé claridad sobre en qué casos se traspone el límite de la gestión de intereses legal.

Existe una ley y un reglamento de lobbies, pero nadie los cumple, son letra muerta…Existe una ley de gestión de intereses que remite a un registro de gestores. Lamentablemente, hasta hace muy pocas semanas eran solo cinco los inscritos. Y no es tan cierto que la gestión de intereses ilegal no está criminalizada; existe el delito de patrocinio ilegal. Pero yo creo que esto tiene que ver, más que nada, con instituciones opacas en el interior de la administración pública, que no permiten que el ciudadano se entere de cómo se diseñan las políticas públicas.

AUTOFICHA

- "No sería tan audaz en afirmar que la descentralización contribuyó a aumentar la corrupción. El sistema de descentralización era necesario luego del escenario centralista que nos dejó el fujimorismo, pero debió venir con un diseño riguroso de las instituciones de control".

- "Buena parte de los gobiernos regionales tienen ingresos por concepto de canon que nunca han tenido en la historia de sus regiones. Eso, sumado a la incapacidad para gastar y a la escasez de control, genera corrupción, obviamente".

- "Hace 1 o 2 años, César Álvarez, actualmente preso por 'La Centralita', estuvo en el Congreso para ser homenajeado por ser el presidente regional que más ejecutaba. En esa misma reunión estaba el contralor. Eso da cuenta de que no hay planificación en las instituciones".