Matemos a las pulgas y no al perro. (EFE)
Matemos a las pulgas y no al perro. (EFE)

El debate sobre los cambios propuestos al Decreto de Urgencia (DU) 003 se ha polarizado. Por un lado, hay quienes piden que se priorice a toda costa el pago de la reparación civil y que se les impida a empresas “corruptas” volver a contratar con el Estado. Por otro lado, el MEF, con mucho tino, busca evitar que se rompa la cadena de pagos.

Como se mire, la situación es delicada. Si bien la lucha contra la corrupción debe ser frontal, ya que es el primer problema que impide nuestro desarrollo (WEF); tomar medidas excesivamente severas puede obligar a quienes no tuvieron nada que ver con actos de colusión a pagar por los errores de un puñado de ejecutivos corruptos.

Por ejemplo, según la Asociación de Proveedores de Odebrecht, el DU 003 ha causado la quiebra de 169 empresas de un total 450 y desde diciembre de 2016 más de 60 mil trabajadores no habrían recibido sus pagos. No obstante, esta situación pudo evitarse y existe un precedente que da muestra de ello.

Desde los noventa, Siemens, el gigante alemán de la ingeniería, se involucró en un esquema de sobornos de escala global. La compañía creó fondos extraoficiales que se destinaron a pagar coimas, similar a lo sucedido con la Caja 2. Ese escándalo de corrupción le hubiera costado a Siemens una multa de US$2,700 millones.

Sin embargo, el resultado fue una victoria parcial para dicha compañía, ya que el monto impuesto fue de US$1,600 millones, muy por debajo de lo estimado inicialmente. Esta rebaja se debió a los grandes esfuerzos de la compañía por colaborar con la investigación, a tal punto que las autoridades federales se mostraron impresionadas por su aplomo.

Debemos buscar sancionar a los responsables de la corrupción sin perjudicar a proveedores, clientes ni trabajadores. Matemos a las pulgas y no al perro.