No cabe duda de que se confirma una vez más una lección que los ciudadanos debemos tener claro: las elecciones tienen consecuencias. No se puede esperar vocación democrática, limitación de poder y una apuesta por el crecimiento económico de alguien que fue una pieza clave en el proyecto político de Perú Libre. Corrió en la plancha como vicepresidenta, hizo campaña con Pedro Castillo con el discurso autoritario, populista y anticrecimiento y, como si fuera poco, fue su ministra hasta el último momento. Cualquier tendencia de opinión que quiera negar que este caos institucional y corrupción de 2024 no es consecuencia de haber votado a la izquierda, no resiste análisis. Pero así como estamos en retroceso con el aumento de la pobreza y con un deterioro institucional del que parece que no tenemos salida, no todo puede reducirse a buscar culpables excluyentes dentro de la confrontación binaria de izquierda y derecha, porque la derecha también es responsable de mantener y de no reaccionar a lo gravísimo que es que a una gobernante se le acuse de usar el poder que tiene para hacer y deshacer de las instituciones y obstaculizar la justicia para proteger a su hermano, Nicanor Boluarte. Lo que está ocurriendo es tan espinoso como el caso de Castillo y Sarratea. Si fuera Castillo ya estarían gritando renuncia o incapacidad moral, sin embargo, no hay la misma reacción a las mismas prácticas que incluso tendrían que hacernos sospechar que hay allí una cooperación autoritaria entre las fuerzas de Castillo, Cerrón y Boluarte. Boluarte usa hasta el mismo discurso cínico de Castillo cuando a este se le buscaba investigar: “No nos vamos a distraer con asuntos menores.”