El Perú lleva 71 días sin Congreso. Aquel supuesto causante de la paralización y de todos los males endémicos ya no está, pero su ausencia no ha originado un mayor crecimiento ni buenos resultados en seguridad ciudadana, economía o infraestructura.

Cuando se anunció la disolución del Parlamento, la mayoría de ciudadanos consideró que el Ejecutivo podría trabajar de manera tranquila, sin obstruccionismo. Pero lo cierto es que el Congreso no solo obstruía, sino que también opacaba la ineficiencia del gobierno. Porque el Legislativo sirvió como la excusa perfecta para que el Ejecutivo no mostrase resultados; y ahora no hay Congreso, pero tampoco reformas ni logros. Sin embargo, lo que se tiene son cuestionamientos graves hacia funcionarios cercanos al presidente Vizcarra, como el ministro Trujillo o el director ejecutivo de Agua Segura para Lima y Callao, César Ramos. Ambos fueron funcionarios en Moquegua cuando Vizcarra era presidente regional.

Entonces, definitivamente el presidente Vizcarra no solo debería cambiar a la mayoría de ministros, sino apartar a funcionarios cuestionados, cuya permanencia en sus cargos da un pésimo mensaje a la ciudadanía. Asimismo, el Congreso que asumirá pronto no podrá ser disuelto el último año de gobierno, y el presidente no solo debe ser consciente de ello, puesto que la amenaza de disolución queda obsoleta, sino que también debe tener en cuenta que la duración total de su gobierno (tres años, cuatro meses) solo tendrá un año y ocho meses menos que un periodo completo, por lo que la ciudadanía no aceptará la excusa de que no tuvo tiempo para lograr resultados concretos en economía y seguridad.

Por ello, depende del presidente si quiere ser recordado como un estadista o como un oportunista que solo aprovechó las torpezas de sus rivales.

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