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Redacción PERÚ21

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Escritora

Alejandro Toledo le negó la paternidad a su hija. Durante 14 años, ella peleó para ser reconocida por el ex presidente. Keiko Fujimori se convirtió en primera dama cuando su padre, Alberto Fujimori, era acusado por su esposa de haberla torturado. Keiko no solo no defendió a su madre, sino que aceptó suplantarla en Palacio de Gobierno y hacerse de la vista gorda.

A Alan García lo hemos visto humillar públicamente a su esposa, y su comportamiento ha delatado varias veces que para él la mujer es un objeto de consumo, una ficha intercambiable según su conveniencia política.

Daniel Urresti ha sido acusado de violar dos veces a una mujer. Cuando escuchó esta acusación de la demandante, el candidato nacionalista se rió y aplaudió.

César Acuña ha sido denunciado por su ex esposa por haberla maltratado durante los años que duró su matrimonio. Ella sostiene, por ejemplo, que él la tiró por las escaleras cuando lo encontró con otra mujer. Además, mientras ellos estaban casados, Acuña embarazó a una niña. Él tenía 33 años y ella 16, y la familia de ella lo acusó de violación. Aunque luego retiraron esta denuncia, queda claro que algo feo ocurrió ahí.

Es sintomático que entre los candidatos que encabezan las encuestas, cinco estén relacionados con asuntos de violencia contra la mujer. La lista de los aspirantes con opciones de llegar a la presidencia es un triste reflejo de lo que somos: una sociedad que tolera el machismo y el maltrato hacia las mujeres.

Todas las mujeres que luchamos día a día para defender nuestro lugar en el mundo laboral y que demandamos la abolición de los estereotipos de género, deberíamos ser las primeras en negar nuestro voto a un candidato sospechoso de maltrato a la mujer.

No es coherente exigir trato igualitario o criar niños en una política de tolerancia cero a la discriminación de género, y minimizar ese tipo de "manchas" en los candidatos a la hora de votar. Sobre ellos pesan otras graves denuncias, pero solo estas deberían bastar para negarles nuestro voto.

Si realmente queremos un país sensible a la violencia contra la mujer, no deberíamos permitir que nos gobierne alguien a quien nos es posible imaginar humillando a una de nosotras.

Las mujeres somos las primeras que debemos poner el pare. Somos el 49.9 % de la población: tenemos la responsabilidad y el poder de elegir a una persona que defienda y luche por nuestros derechos.