La mano detrás de la piedra

Mañana, un sector de habitantes del Valle de Tambo bloqueará los puentes de acceso a la ciudad de Arequipa. Los organizadores de la protesta contra el proyecto minero Tía María confían en que la prensa cubrirá su posición y la pregonará por todo el país. Para lucir más atractivos, los líderes dirán lo contrario, pero alentarán actitudes radicales entre sus seguidores.

Lo que la opinión pública debe saber es que los que organizan la protesta y los que toman las carreteras tienen intereses muy diferentes.

Gran parte de las personas que marchan contra el desarrollo de la minería en la provincia de Islay creen firmemente que la mina usará la poca agua del río Tambo, lo que acabará, piensan, con la agricultura que, hasta el momento, es la única actividad que conocen y que crea empleo en la zona.

La empresa ha garantizado que usará el agua del mar. El diseño de su planta desalinizadora ha sido uno de sus argumentos más sólidos para conseguir la licencia de construcción que le ha otorgado el Estado; sin embargo, buena parte de la gente que acatará el paro mañana no le cree, no confía.

Esa desconfianza es alimentada, cada día, por sus empleadores, los propietarios de las chacras y de los molinos del arroz que, contra todo criterio, se siembra en un valle donde escasea el agua.

Los propietarios de las tierras del Valle de Tambo saben que la planta desalinizadora de agua de mar es parte sustancial del proyecto, pero se oponen a la mina porque no les conviene que se construya un desarrollo minero moderno en su zona. El jornal que ellos pagan a sus trabajadores no supera los 60 soles diarios y esos jornaleros no tienen seguro social ni ningún beneficio laboral. Está claro que ninguno de los nueve mil puestos de trabajo que generará la Southern para la construcción de la mina podrá estar acompañado de tamaña informalidad; y que los sueldos de esos trabajadores serán mucho más altos.

Para mantener barato su mercado laboral, los dueños de las tierras apoyan a los alcaldes opositores y se unen con los políticos de la izquierda enemiga de la inversión.

Para asegurar que las manifestaciones impacten en las autoridades nacionales, los dueños de las tierras no interrumpen los pagos a sus jornaleros durante la huelga; pagándoles aseguran que participen y sostengan las protestas.

La empresa se ha comprometido a ponerse de acuerdo con la población antes de iniciar la construcción del proyecto. Eso está muy bien, nadie quiere que se repitan las imágenes de los espartambos aterrorizando al pueblo con el rostro cubierto y la huaraca en la mano.

Pero lo que la empresa y el Gobierno sí tienen que construir es confianza y credibilidad. La empresa podría comenzar por hacer la planta desalinizadora de agua de mar, con lo que podrá demostrarles a los tambeños que no usará el agua de su río.

El Gobierno, por su parte, tendría que reconstruir el ánimo de la población: podría comenzar informándola de manera sistemática y docente sobre los beneficios económicos que le traerá a su región y al país una inversión de esa envergadura.

La tarea no es fácil, el terreno está minado, la prédica en contra del proyecto llega acompañada del personalismo político del gobernador de la región y del elitismo de las ONG antimineras que con suma ignorancia se atreven a asegurar que el Perú no es un país minero, como si nuestra historia no existiera, y como si la reducción de la pobreza no necesitara de nuestra riqueza mineral.