El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se reunió ayer con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. (Foto: Renzo Salazar / @photo.gec)
El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se reunió ayer con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. (Foto: Renzo Salazar / @photo.gec)

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, ha sido citado al Congreso para este viernes, a fin de que responda por la filtración de la prueba que se tomó a más de 280 mil maestros a nivel nacional para el concurso de nombramiento 2021. Y desde ayer también se recogen firmas para interpelarlo.

Lo que ha ocurrido es escandaloso, y peor aún si el sindicato docente más grande del país, el Sutep, advierte que la filtración se habría producido desde el propio ministerio, donde está empoderado ahora el minúsculo y radical gremio de la Fenatep, al que pertenecen tanto el ministro como el presidente Pedro Castillo.

Desde sus orígenes, la plataforma de la Fenatep ha tenido como objetivo principal tumbarse la reforma magisterial, que estableció evaluaciones periódicas a los docentes como requisito para la renovación de sus contratos o definir ascensos en el escalafón de la educación pública. Y justamente ese habría sido uno de los puntos, por no decir el único, que se abordó en una reunión a escondidas que tuvo Gallardo con los representantes de dicho sindicato, el 5 de noviembre, de la cual dio cuenta Perú21.

Las investigaciones determinarán si el propio Minedu estuvo detrás del sabotaje, lo cual sería gravísimo. En los años que se lleva aplicando este examen nunca había ocurrido algo similar. Y la solución a este sospechoso incidente de ninguna manera pasa por el nombramiento directo de los docentes, como ha venido proponiendo el ministro desde que llegó al cargo: como sugieren los especialistas, lo que se debe hacer en aquellas regiones donde fue masivo el fraude es anular el proceso y convocar a una nueva evaluación de inmediato.

Una salida práctica que no iría en detrimento de la calidad de la educación pública en esas zonas, como sí lo haría la contratación automática de profesores sin la preparación adecuada para ejercer la docencia.

En todo caso, la filtración de la prueba, como ha señalado el Decano del Colegio de Profesores del Perú, Heli Ocaña, constituye un grave acto de corrupción, un fraude que solo busca poner en duda la legitimidad de las evaluaciones establecidas por la ley de la Carrera Pública Magisterial y favorecer a quienes fueron incapaces de aprobarlas.

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