Mala nota

Bien hace el Ministerio de Educación en anunciar medidas fuertes frente a la amenaza de una nueva huelga de maestros. El derecho a la protesta no debe ser un recurso a usar cuando se les antoje a un grupo de personas que actúan fuera de la ley, porque, hay que decirlo, el SUTE Conare que impulsa de nuevo la paralización educativa no tiene reconocimiento sindical ante el Ministerio de Trabajo.

El instigador de esta jornada que empieza hoy y que amenaza con dejar sin estudio a miles de escolares es nuevamente Pedro Castillo, quien, como lo demuestra nuestro informe de hoy, tiene viejas conexiones con el Movadef, la fachada de Sendero Luminoso.

Lo que quiere esta facción, en resumen, es otro aumento de sueldo en tiempo récord, pese a que el Ejecutivo está cumpliendo con su parte. En la huelga de maestros de 2017, que duró 75 días y que le costó el puesto a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens, el Minedu ofreció elevar el sueldo a S/2,000 desde noviembre del año pasado. También acordó destinar una partida adicional de S/200 millones durante 2018 a los presupuestos de los gobiernos regionales para el pago de sentencias judiciales. Esto, repentinamente, ya no es aceptado por los docentes liderados por Castillo.

Ahora, además, quieren que se derogue la Ley N°30328 (Ley de Deberes y Derechos de Profesores Contratados), que se eleve el salario de maestros contratados a una UIT (S/4,150) y que se aplique lo mismo a los profesores cesantes y jubilados; además, exigen el nombramiento con estabilidad laboral y que se derogue la Ley de Reforma Magisterial (N°29944) y su modificatoria (N°30541) para que no sean evaluados. Es decir, quieren marcha atrás en la reforma magisterial y adiós a la meritocracia.

Esto, sencillamente, es no negociable. Por ello, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, advierte en la entrevista que publicamos hoy que los maestros que no acudan a las aulas serán sancionados y que, en caso de que se ausenten durante tres días seguidos, serán reemplazados. Esperamos mano firme en esa decisión y que el gobierno no ceda al chantaje.