Mientras escribo estas líneas, en el Congreso no logran conseguir las firmas para que entre al debate una ley que impida que corruptos y homicidas, sentenciados en primera instancia, postulen a cargos públicos: desde una alcaldía distrital hasta la Presidencia de la República.
Los que se niegan a firmar son los congresistas de Podemos, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y UPP –el partido de Antauro Humala–, todos inocuos, defendiendo delincuentes con su indolencia. Inevitablemente, me viene a la memoria la retahíla de políticos investigados, denunciados y sentenciados por corrupción en los últimos años.
Y pienso en la policía especializada en delitos de corrupción, antidrogas, crimen organizado y lavado de activos, que hicieron posible, con su profesionalismo y diligencia, que la justicia pudiera atraparlos. Los Cuellos Blancos, Los Intocables Ediles, el Club de la Construcción, César Álvarez y su banda de La Centralita, Gregorio Santos y sus secuaces, todos los sobornados por Odebrecht han sido o serán juzgados gracias a los equipos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y de Constelación.
Y pienso en todo lo que el Perú les debe, tanto como a los oficiales de la Dircote que están en el Vraem intentando reducir a los senderistas de la banda Quispe Palomino, financiada por el narcotráfico y todas las actividades ilegales que se ceban en la selva.
Pienso en ellos porque ahora mismo están lejos de sus unidades cuidando mercados, paraderos, galerías comerciales o desalojando ambulantes; como si los criminales –con cuellos de todos los colores– estuvieran en confinamiento per se, preocupados por la salud de sus mayores, quedándose en casa.
El primer día de la cuarentena, 320 oficiales de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional, todos de alta graduación, abandonaron sus cursos y salieron a las calles a patrullar y ejercer el control ciudadano. Reforzaron comisarías y, en distintos operativos, trabajaron bajo el mando de suboficiales y técnicos. Ninguno se quejó. Lo mismo hicieron decenas de agentes policiales capacitados en el Perú y en el extranjero para labores de inteligencia y escuchas legales. Todos, oficiales y técnicos, pusieron el hombro y el pecho.
Los días fueron pasando, se cumplieron dos cuarentenas y media, se levantó el confinamiento. Pero esos policías, los mejor capacitados, con grados diversos de especialización, en cuya profesionalización el Estado peruano invirtió grandes sumas de dinero, siguen patrullando las calles. El actual ministro del Interior no prioriza ni la inteligencia ni la investigación.
Entre tanto, las mafias de la droga, el oro, la madera y la pesca ilegal, el contrabando, la piratería, el espionaje tecnológico ganan tiempo y se infiltran en todo tipo de organizaciones.
En las próximas elecciones generales no se permitirá que las empresas formales hagan aportes de campaña. El riesgo de que las mafias inviertan dinero ilegal para colocar a su gente en el próximo Congreso aumenta. Si ayer no se consiguieron las firmas para incluir en el debate del Pleno una ley que impida postular a corruptos y homicidas, imagine de lo que será capaz el próximo Parlamento.
