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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

Odebrecht, la megaconstructora brasileña involucrada hasta las sienes en el caso Lava Jato, trabaja en el Perú desde 1979. Quizás una de sus más grandes innovaciones en manejo de ventas y de clientes haya sido la creación de un gigantesco aparato específica y expresamente diseñado para gestionar la logística de las coimas que pagaba a miles de funcionarios públicos y autoridades en decenas de países en varios continentes.

En el Perú también. Las concesiones para obras de infraestructura en las que participó Odebrecht en el Perú suman varios miles de millones de dólares ejecutados a lo largo de más de 20 años. Muchos con enormes e inexplicables sobrecostos. A la fecha, y gracias a la confesión del dueño de la constructora, sabemos que todo eso le costó a Odebrecht al menos 30 millones de dólares.

Sabemos, por las fechas mencionadas, que involucra a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Lo más probable es que los nombres de los funcionarios que recibieron esos sobornos –seguramente muchísimo más de 30 millones de dólares– ya estén en algún documento, así como las rutas y los nombres de empresas y testaferros envueltos. Al menos la parte bancarizada es perfectamente rastreable. Y todos los nombres van a aparecer. Todos.

Por los años es fácil identificar las obras y los montos. Y también quiénes estaban a cargo de esas obras por parte del Estado por esas fechas. No le será difícil a la UIF encontrar el rastro si se pone a trabajar en serio.

Lo triste es que esto nos enfrenta con una verdad que nadie parece querer admitir: la lógica del lucro y de la acumulación únicamente nos conducen a un destino. Odebrecht solo llegó antes.