Luis Davelouis: La Ley Educativa peligra

La presión de las universidades negocio sobre el Tribunal Constitucional (TC) debe ser enorme. De hecho, congresistas y ex congresistas son propietarios de alguna (José Luna, José Luis Elías, Virgilio Acuña y César Acuña) y al menos otros dos legisladores están ligados a otras tantas (Julio Rosas y Joaquín Ramírez). Eso sin contar con los benefactores de fuera.

Hoy se reúnen los siete miembros del TC para discutir la presunta constitucionalidad de la Ley de Reforma Educativa (Ley 30220), a la que los arriba mencionados se opusieron en flagrante falta ética y conflicto de interés (¿Humberto Lay?¿Quién era ese?). Al principio, el único tribuno que estaba a favor de la inconstitucionalidad era José Luis Sardón, pero ahora parece que esa proporción se ha invertido y solo dos tribunos favorecen la ley.

La ironía se presenta particular porque la mayoría de las universidades, incluso las privadas más grandes y prestigiosas (algunas de estas opuestas en principio a la ley), ya se están ajustando al nuevo marco. El avance en la modificación de estatutos para ajustare a la ley entre las universidades privadas institucionalizadas es de 71% y el avance de la elaboración de los mismos entre las públicas es de 87%. Es más, la ley tiene un respaldo mayoritario entre la población porque se entiende que la educación no garantiza nada, a menos que su calidad pueda ser demostrada y medida, como manda precisamente la norma a la que nos referimos.

¿De qué sirve ir a la universidad si no se habrá de conseguir empleo? ¿Para qué comprar un título (porque en la práctica, sin índices relevantes de empleabilidad, eso son estas universidades, boleterías de títulos) que no va a servir más que para colgarlo en la pared? Háganse una, TC.