Luis Davelouis: Que jueguen todos

Pocas cosas son más peligrosas para el proceso electoral de un país desinstitucionalizado que las acusaciones de fraude o sembrar dudas que puedan descalificar a los miembros del organismo encargado de garantizar su transparencia y limpieza. Y eso es lo que está pasando.

Hay sombras sobre la idoneidad de, al menos, tres magistrados del JNE. También hay acusaciones de conflictos de intereses e indicios de que el jurado habría utilizado una vara diferente para medir al partido de Julio Guzmán, pues lo que no le aceptó a este sí se lo aceptó a otros dos partidos, incluyendo al nacionalismo.

¿Qué le queda hacer al jurado? La salida legalista, aferrarse a la letra de la ley –el camino que ha seguido hasta ahora– es un callejón sin salida a estas alturas. Si se profundizan las investigaciones sobre las denuncias presentadas contra el jurado y sus miembros, el proceso solo se seguirá manchando y perderá legitimidad.

Una de las peores consecuencias de la pérdida de institucionalidad es el deterioro de la confianza ciudadana en sus autoridades, pero sobre todo en la ley. Se percibe que la ley existe para servir a quienes la hacen –"hecha la ley, hecha la trampa"– y no, como debería, a la justicia. Una salida legalista, que en diciembre habría sido perfectamente aceptada por todo el mundo sin chistar, hoy sería vista con sospecha tanto por los partidarios de los que se van de la carrera como de los que se quedan.

No hay solución perfecta y menos bajo estas condiciones, y el JNE se desacredita con cada día que pasa. Si este decidiera que todas las candidaturas quedan en carrera y que sea "el pueblo" el que decida, podría apoyarse en la legitimidad del voto ciudadano y en la reputación de la ONPE. A ver quién se atreve a gritar "fraude" con observadores internacionales.