Redacción PERÚ21
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"Estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase". Con estas palabras se refería el ex presidente Alan García a los nativos involucrados en los enfrentamientos de Bagua, en el 2009. Nadie dice lo que no piensa.

Días después, el entonces candidato y hoy presidente Ollanta Humala se refirió así a los hechos de Bagua: "El gobierno ha preferido la matanza de indígenas antes que derogar los decretos legislativos lesivos a los intereses de la Amazonía […] el gobierno y su bancada parlamentaria han impedido a toda costa debatir los informes que recomiendan derogar los decretos cuestionados por los indígenas amazónicos".

Pues bien, según una investigación de Ojo Público, en el 2012 el gobierno de Humala aprobó una norma a través del Ministerio de Cultura para censar a los pueblos indígenas de todo el país y determinar cuándo correspondía o no establecer mecanismos de consulta previa para concesiones mineras o hidrocarburíferas. En diciembre de ese año, la versión preliminar del informe estaba lista: 5,571 comunidades indígenas cuyo 63% es de origen quechua y está concentrado principalmente en las regiones Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, "donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros".

Ojo Público encontró que el Ministerio de Energía y Minas, primero con Jorge Merino y luego con Eleodoro Mayorga a la cabeza, se saltaron estas obligaciones y aprobaron las operaciones de 25 compañías bajo el pretexto de que la lista no existía, y contrataron un "consultor" arbitrario que determinaba quién era indígena y quién no.

Hoy se buscan responsables y se dice que habrá sanciones. Quien sea que diga que Humala y su gobierno eran de izquierda no tiene idea de lo que dice. La izquierda quizá lo hubiera hecho peor. Pero diferente.

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