Fuerza Popular tiene un ex secretario general, congresista y financista de campaña –Joaquín Ramírez– suspendido e investigado por la DEA por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y por la Fiscalía por lavado de activos. Se "olvidó" de declarar en su patrimonio dos departamentos en EE.UU. valorizados en más de US$2 millones y se "olvidó", también, de declarar alrededor de S/14 millones adicionales. Luego, en un extrañísimo acontecimiento, los libros de sus empresas y las placas de sus vehículos se perdieron en un accidente de tránsito mientras los transportaba… en un taxi. Ramírez es dueño de varios inmuebles adquiridos a través de empresas suyas que solo registran una o dos transacciones y que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fuijmori, utiliza como base de operaciones. La señora dice que no sabe nada.
Keiko tiene varios otros miembros con investigaciones y sentencias por cosas tan graves como narcotráfico y abuso de autoridad (¿un fujimorista autoritario? Qué raro, ¿no?), como César Merea. La señora Fujimori dice que Merea no pertenece a Fuerza Popular y, sin embargo, ella y su comitiva de casi 1,000 personas estuvieron de gira de campaña por el sur movilizándose en las 100 camionetas que Merea alquiló a un precio de unos S/450 por día durante diez días. Pensando bien, Keiko no tiene por qué saber el nombre de cada uno de los miembros de su partido, pero es raro que no sepa el nombre de uno que se gastó casi medio millón de soles para intentar convertirla en la reina del sur.
Pero no seamos mezquinos, no es 1990 y, en ese sentido, la posibilidad de que un eventual gobierno de Keiko se parezca al de su padre es muy baja. Además, Alberto no conocía a cabalidad los negocios y entripados de su socio y cómplice, Vladimimo Montesinos; más tarde los abrazó y los hizo suyos, pero insiste en que no sabía. Continuará mañana.