Los lugartenientes del capitán

Mientras fue presidente, Ollanta Humala mandó a ocupar cargos internacionales a un soldado y a un sargento reenganchado.

Al soldado Amílcar Gómez Amasifuén, lo mandó en abril de 2016 a la Escuela Sudamericana de Defensa de la Unasur en Quito, Ecuador, con un sueldo de 6,600 dólares. Al sargento Tobías Huaringa Rosales, lo envió en febrero de 2013 como auxiliar de la agregaduría de Defensa de la Embajada del Perú en Venezuela, con un sueldo similar.

Hoy, después de muchos años, se ha establecido que tanto Gómez Amasifuén como Huaringa Rosales están implicados en crímenes atroces. Según ocho testigos acreditados, los dos técnicos del Ejército obedecían, entusiastas, las órdenes del “capitán Carlos”.

Pronto, los tres serán acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero pasaron años, cómodamente, burlándose de los familiares de sus víctimas, de la justicia y del Estado.

En enero de 2006, la Fiscalía Provincial de Tocache tomó el testimonio de tres licenciados del Ejército que habían servido con Gómez, Huaringa y Humala en el Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María. El fiscal a cargo, Arturo Campos, investigaba las denuncias de ciudadanos de la zona que tenían a sus familiares desaparecidos.

Las declaraciones de los ex soldados referían como responsables de las desapariciones al “capitán Carlos”, a “Chicho” y a “Huaringa”. Ninguno de ellos conocía sus verdaderos nombres.

Meses antes de que la Fiscalía de Tocache iniciara su investigación, el movimiento nacionalista, de Humala y Heredia, se había aliado políticamente con el de los cocaleros del valle del Monzón, liderado por Nancy Obregón y Elsa Malpartida.

Mientras se desarrollaban las elecciones de 2006, los pobladores reconocieron a Humala en la televisión: es el “capitán Carlos”, dijeron.

En agosto de 2006, el fiscal Campos denunció a Humala desde su despacho de Tocache. Lo acusó de las desapariciones de Madre Mía en 1992.

Diez meses después, en junio de 2007, el fiscal Arturo Campos fue asesinado, personalmente, por el senderista ‘Artemio’, que se escondía en el Alto Huallaga, y que era aliado del movimiento cocalero que el nacionalismo catapultaba.

En 2009, el operador judicial al que la pareja Humala Heredia apoda ‘Ojitos’ se encargó de arreglar el problema en Lima. El caso Madre Mía se convirtió en cosa juzgada.

Humala ganó las elecciones de 2011 con el apoyo de la izquierda, los cocaleros y numerosos incautos.

En 2015, aparecieron las agendas de Nadine Heredia. Y el juicio por Madre Mía reapareció entre esas páginas.

El año pasado, el programa Beto a saber recogió y publicó testimonios escalofriantes. Hasta el momento se han encontrado 18 restos humanos en las inmediaciones de la Base Militar. El trabajo de fiscales y congresistas ha logrado identificar al tal Huaringa. La cosa juzgada se tendrá que volver a juzgar.