El asesinato de un menor de 17 años en una céntrica estación del Metro de Lima, a plena luz del día y con aglomeración de usuarios es un recordatorio del caos en el que sobrevivimos. Sicarios en motocicleta, uno de ellos disfrazado con un chaleco del Ministerio de Salud, ubica a su objetivo y le dispara a mansalva.
No es un hecho aislado, es una muestra brutal de cómo las mafias operan en estos espacios sin que las autoridades controlen y, sobre todo, protejan a más de medio millón de pasajeros que se movilizan a diario en este sistema de transporte.
El asesinado en la estación La Cultura en San Borja, como la mujer acribillada en la estación Pirámide del Sol en San Juan de Lurigancho, tienen algo en común: ambos formarían parte de una red conocida como los ‘Salderos’, dedicados a ocupar las estaciones para revender tarjetas del Metro de Lima y accesos rápidos con pases clonados. Un negocio ilícito que forma parte de un organigrama criminal más grande, porque a los ‘Salderos’ hay otra mafia que les cobra cupos por el uso de la estación a cambio de datos sobre operativos municipales y policiales. Los que se resisten a pagar, mueren.
Lo insólito es que la policía y los alcaldes han cedido ante las mafias que convirtieron las estaciones en zonas peligrosas. Los llamados ‘salderos’ pasan horas en las estaciones, a vista y paciencia de serenos, policías y empleados del metro. Todos se hacen de la vista gorda. Los criminales no se ocultan, actúan con impunidad, y el asesinato en los paraderos, con testigos y operadores de cámaras de monitoreo, se vuelve apenas una noticia sin que nadie haga nada por detener a los delincuentes y desarmar las mafias.
La policía debería recuperar el control de las estaciones junto a los serenos. A su vez, los operadores —que guardan silencio sobre los crímenes en las estaciones— deben entender que su responsabilidad es gestionar la protección de los usuarios.
Las muertes como simple estadística son una atroz muestra de que las autoridades han optado por una cínica indiferencia que termina siendo complicidad con el crimen organizado. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, está ocupado en defenderse en varias investigaciones; el Congreso se enfoca en dar leyes para la impunidad de políticos, y el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, minimiza la inseguridad que afecta a millones de ciudadanos afirmando que son “exageraciones” y culpa a los medios de comunicación por el aumento de la violencia en el país. Lo real es que la inacción de las autoridades permite que el hampa gane más terreno.
Hoy son ‘salderos’ muertos, mañana pueden ser ciudadanos abatidos por una bala perdida y convertidos, como está ocurriendo, en una estadística más de la creciente inseguridad. Aquí lo único exagerado es la ilegal inacción de las autoridades, que permiten el desborde de la violencia.