El chifa, el incendio y la huida de Julio Guzmán dejaron poco espacio para una noticia que evidencia, nuevamente, la siniestra triangulación entre el poder político, el sistema de justicia y las universidades empresa. Daniel Yovera, con un agudo reportaje en Cuarto poder, se ha encargado de recordarlo. Puso a Telesup, propiedad del excongresista solidario y fundador de Podemos Perú, José Luna, nuevamente bajo los reflectores. Resulta que esa universidad no solo le pagaba un salario extrañamente alto a Luis Castañeda, sino que pagó más de un millón de soles por derechos de autor a Guido Aguila y a Iván Noguera (Dr. Rock), exmiembros del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura y personajes centrales en la trama Los Cuellos Blancos del Puerto.

¿Más de un millón de soles por derechos de autor? Como si se tratase de best sellers. Ni Aguila ni Noguera son referencia en el Derecho peruano. Y dudo que algún abogado en el Perú haya recibido esa suma por autoría de “obras jurídicas”. Ni Jorge Avendaño, prolífico abogado, ni Enrique Elías, quien publicó la Ley General de Sociedades comentada, que seguro todos los que hemos estudiado Derecho alguna vez hemos usado.

En esos pagos hay gato encerrado. Pero nada es casualidad. No se olviden que Guido Aguila llegó a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en representación de las universidades privadas y a propuesta de la universidad Telesup.

Esta denuncia pone nuevamente sobre la mesa la forma en que las universidades empresa se convirtieron en plataformas para tejer redes clientelares y de beneficios que nada tenían que ver con el servicio educativo. La relación entre el negocio universitario y el poder político es evidente. Por eso es que tanto se ha querido boicotear el trabajo de la Sunedu.

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