El país está al garete, se ha perdido el principio de autoridad, todo el mundo hace lo que se le viene en gana frente a autoridades que ni saben dónde están paradas, porque ni les interesa y menos les preocupa lo que viene sucediendo en el país. Y esta afirmación se visualiza en la ola de violencia que continúa en las calles, cada día se suman más asesinatos de ciudadanos, víctimas de la delincuencia que este sistema político respalda y se hace cómplice con las leyes que aprueba el Congreso.
Lo más grave de esta historia triste que vive el Perú es que está normalizándose un clima de violencia cotidiana, que los asesinatos sean parte del día a día. Esto no puede ser posible, se tiene que parar ante tanta ignominia de los políticos en el poder que nos han llevado a esta situación insostenible, que no tiene visos de solución y, más bien, hoy se profundiza la crisis con la violencia desatada en las calles.
Todos vimos antenoche como en plena Vía Expresa la Policía tuvo que enfrentar a delincuentes y reducirlos después de una balacera infernal que expuso a civiles que simplemente circulaban por una de las vías más transitadas del país; el resultado fue tres policías heridos, incluido el comandante jefe de operaciones de la Policía, un delincuente herido y dos que terminaron en la morgue.
Los delincuentes son avezados porque saben que tienen respaldo legal para sus fechorías y sus tentáculos han llegado hasta el Congreso, donde solo se dedican a buscar impunidad para los delitos que cometen los congresistas o para encubrir sus delitos previos. Los congresistas tienen cuentas pendientes con la justicia y esa es la mayor motivación que tienen para promover las leyes que limitan el trabajo del sistema de justicia. Por eso, hoy más que nunca florecen las economías ilegales, porque tienen ese manto protector del Congreso.
En ese contexto, en el Parlamento solo piensan en el populismo penitenciario. Quieren encarcelar a menores de edad contraviniendo acuerdos internacionales, cuando el tema de fondo son las mafias que se sustentan en las economías ilegales, que buscan a estos menores de edad para que cometan delitos y terminen hasta de sicarios. El problema es esa complicidad de los congresistas, con el aval de un Gobierno que está más preocupado en las frivolidades de la presidenta. El combo está servido para seguir viviendo en inseguridad y expuestos a las bandas criminales, esa es nuestra triste realidad.
