(GEC)
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En estos días se publicará la convocatoria al concurso para seleccionar al nuevo Tribunal Constitucional. Cuando haya pasado este ambiente político enrarecido de explicaciones presidenciales que no convencen, filtraciones fiscales, congresistas que quieren forzar vacancias, postergar elecciones y/o reelegirse. Cuando todo esto sea un recuerdo y haya un nuevo gobierno, aún seguirá en funciones el TC que este Congreso elija. Por ello, es importante que se presenten candidatos y candidatas capaces, decentes e independientes.

Como han observado organizaciones y especialistas, el reglamento del concurso tiene problemas. Sin embargo, igual podría ser superior a las reglas de concursos anteriores. Por ejemplo, la participación de la Contraloría o la causal de eliminación inmediata por información falsa, son aciertos. La valla ha estado muy baja.

Sea como fuere, la realidad es que este Congreso tiene la atribución de nombrar y está decidido a usarla. Salvo una improbable intervención judicial, es lo que ocurrirá. No parece sensato entonces que quienes tienen vocación y cualidades para esta alta magistratura se mantengan al margen.

Si no hay buenas candidaturas, se le habrá facilitado el trabajo a quienes quieren nombrar a un TC inepto o politizado. Hasta podrán hacer un concurso impecable. Es un error dejar la cancha libre en espera de garantías que este país raramente ofrece. Además, la presencia de buenos candidatos y candidatas ayudaría a poner en evidencia de la ciudadanía arbitrariedades o irregularidades en el concurso.

Pienso en profesores y profesoras de derecho constitucional y en las palabras de Víctor Andrés Belaunde en San Marcos hace casi cien años: “No es mezclarse en política defender las instituciones primordiales de la democracia”. Es un deber cívico.

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